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p A mediados de la década del 60 se hizo patente la crisis del sistema interamericano que mostró su inconsistencia para solucionar los problemas socioeconómicos que afectan a los países de la región y que servía como dócil instrumento de 194 la política intervencionista de Washington respecto a sus vecinos del sur. En los años 50 y en la primera mitad de la década del 60, los EE.UU. utilizaron repetidas veces la OEA para aplastar el movimiento de liberación en el continente, para derrocar el régimen progresista de Jacobo Arbenz en Guatemala, para sustentar su política anticubana y encubrir la intervención armada en la República Dominicana.

p La transformación de la OEA en arma de la política de EE.UU. provocó la inquietud no sólo de los pueblos latinoamericanos, sino también de una serie de gobiernos de la región que vieron en la política expansionista de Washington, desarrollada con ayuda del sistema interamericano, una amenaza para la soberanía nacional de los Estados de América Latina.

p La aprobación por la OEA de la intervención de EE.UU. en la República Dominicana fue la última “victoria” seria de la diplomacia yanqui en esa organización. “El shock de la experiencia dominicana en la materialización de las funciones de la OEA relacionadas con la seguridad, la insatisfacción con el papel desempeñado por ésta en la Alianza para el Progreso y el hecho de que los gobiernos miembros hayan emprendido pasos formales para cambiar aspectos sustanciales de la Carta de la OEA por vez primera después de su aprobación —escribía John Dreier, ex representante de EE.UU. en la OEA—: todo eso expresa la situación crítica existente en el sistema regional desde hace muchos años"  [194•7 .

p Las divergencias entre EE.UU. y los países latinoamericanos se hicieron patentes durante la preparación de la primera reforma de la Carta de la OEA en las conferencias interamericanas de 1965-1967.

p La reestructuración del sistema interamericano se inició en la II Conferencia Interamericana Extraordinaria, reunida en noviembre de 1965 en Río de Janeiro para examinar “... diversos asuntos de fundamental importancia para el fortalecimiento del Sistema Interamericano"  [194•8 .

p La conferencia tuvo lugar a raíz de los dramáticos acontecimientos en la República Dominicana, y por eso Washington procuró “ampliar la brecha”, lograda en la Décima Reunión de Consulta de ministros de relaciones exteriores 195 en mayo de 1965, para crear unas “Fuerzas Interamericanas de paz" no de carácter provisional, como sucedió en Santo Domingo, sino sobre base permanente. Ello permitiría, según los planes de EE.UU., fortalecer la estructura político-militar de la OEA e imprimirle el carácter de bloque bélico. El gobierno estadounidense pensaba contar con el apoyo del Brasil, Argentina, Paraguay y Haití, que habían declarado en vísperas de la conferencia que la creación de las “Fuerzas Interamericanas" sería deseable  [195•9 .

p En la conferencia de Río, el Secretario de Estado Dean Rusk valoró altamente en su intervención, de neto contenido anticomunista, la actuación de las “Fuerzas Interamericanas" en la República Dominicana y exhortó a fortalecer el status de esas fuerzas a los fines de “su posible empleo en el futuro por la OEA o la ONU"  [195•10 .

p Sin embargo, la mayoría de los países de la región que, precisamente en la experiencia de la República Dominicana se convencieron de la amenaza que representan para sus soberanías estas fuerzas, no estaban dispuestos a apoyar las aspiraciones de EE.UU. Por eso México, Colombia, Chile, Uruguay y varios otros países se manifestaron decididamente contra los planes yanquis. Gabriel Valdés, jefe de la delegación chilena, declaró que “las Fuerzas Interamericanas darían al Sistema una connotación ideológica negativa y peligrosa, destruirían el principio fundamental de la no intervención y amenazarían dividirnos en bloques irreconciliables"  [195•11 .

p Por cuanto el objetivo principal de la II Conferencia Interamericana Extraordinaria consistía en determinar la orientación de las modificaciones de la Carta de la OEA, aprobada en 1948, los Estados latinoamericanos se manifestaron por una estricta observación de los principios de la no injerencia en las relaciones entre los países americanos. Al expresar esta actitud, el canciller mexicano Antonio Carrillo Flores consignó “que si la alternativa fuese o bien una organización de limitada eficiencia o aceptar que se debilitasen los principios que profesamos, tendríamos, con pena, que optar 196 por el primer extremo"  [196•12 . El ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Luis Vidal Zaglio, manifestó categóricamente que “nada que afecte, lesione o viole el principio de la no intervención contará con el apoyo de la delegación uruguaya"  [196•13 . La delegación de Colombia presentó un poyecto de resolución contemplando la reafirmación del principio de la no injerencia y exhortó a adoptar una convención especial acerca de las acciones que violen el principio de la no injerencia  [196•14 .

p El representante de México, apoyando el proyecto colombiano, propuso que también otros principios, tales como la prohibición de emplear la fuerza respecto a otro Estado, el no reconocimiento de las anexiones territoriales, la igualdad jurídica de las naciones, todos proclamados por la Carta de la OEA, “deben ser reafirmados" en los documentos de la conferencia  [196•15 . La iniciativa de Colombia y las proposiciones de México hallaron eco en la resolución N 1 de la conferencia, el Acta de Río de Janeiro, en cuyo preámbulo fueron confirmados los “principios y normas vigentes, expuestos en la primera parte de la Carta de la Organización de Estados Americanos"  [196•16 .

p En suma, en la conferencia de Río se manifestaron dos enfoques del problema de la superación de la crisis del sistema interamericano. Por una parte, el enfoque de EE.UU., que consideraban la crisis como resultado de las “maniobras del comunismo internacional”, de la “injerencia” en los asuntos del hemisferio por parte de potencias extracontinentales. Por eso proponían acentuar en la nueva estructura de la OEA las cláusulas sobre la cooperación político-militar. Dicho en otros términos, se esforzaban por hacer que la OEA modificada sirviera, ante todo, a sus objetivos imperialistas. Por la otra, a diferencia de EE.UU., la mayoría de las naciones latinoamericanas procuraban ensanchar los aspectos socioeconómicos en las actividades de la organización. Como había declarado en la conferencia el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, L. Vidal Zaglio, en el progreso económico y social de América “... está nuestra mejor defensa"  [196•17 .

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p Los principales documentos adoptados por la II Conferencia Interamericana Extraordinaria fueron el Acta de Río de Janeiro y el Acta Económico-Social de Río de Janeiro. El primero reflejó la opinión común de que la OEA estaba en crisis y que era necesario “infundir al sistema interamericano un nuevo dinamismo y evitar duplicaciones y conflictos en las cuestiones que competen a sus organismos"  [197•18 . A tal objetivo se preveía convocar la III Conferencia Interamericana Extraordinaria en Buenos Aires, en 1966, para aprobar el texto definitivo de la Carta de la OEA. Una comisión especial compuesta por representantes de todos los miembros de la organización fue encargada de preparar el Anteproyecto de Reformas a la Carta.

p La aprobación del Acta Económico-Social de Río de Janeiro por la conferencia fue un éxito de los países latinoamericanos. Este documento encomendaba a la comisión especial incluir en la Carta de la OEA normas adicionales para la actividad económica y social de la organización en terrenos como la seguridad política y el desarrollo sociopolítico, la actividad nacional de los Estados en la esfera socioeconómica, la asistencia mutua y la ayuda externa, el comercio exterior y la integración económica. Las cláusulas incluidas en el punto 13 estipulaban que “los Estados miembros toman el compromiso, dentro del marco de sus procedimientos constitucionales y en la escala que sus recursos lo permitan, de asistirse mutuamente y ayudar en orden prioritario a los países menos desarrollados del sistema con el propósito de alcanzar a nivel nacional y regional los objetivos sociales y económicos establecidos en este Acta...”  [197•19 . Este punto se refería, en primer lugar, a Estados Unidos. Sin embargo, el éxito de las repúblicas latinoamericanas fue relativo ya que la resolución tenía carácter de recomendación y debía ser incluida en la nueva Carta de la OEA para tener vigencia como una auténcia obligación. Las reuniones celebradas posteriormente mostraron que los EE.UU. no deseaban tomar compromisos adicionales justamente en lo que concernía a las actividades económicas y sociales de la OEA y con especial fuerza se manifestaron contra el punto 13 de su redacción original.

p De conformidad con las resoluciones de la conferencia de Río, desde el 25 de febrero hasta el 1 de abril de 1966 198 sesionó en Panamá la Comisión Especial de representantes de los países miembros de la OEA para la preparación del Anteproyecto de Reformas a la Carta. En esa reunión se manifestaron en forma todavía más aguda las divergencias entre EE.UU. y las naciones latinoamericanas. La delegación de Estados Unidos presentó a examen el documento N 20 en el que se proponía, en lugar de los artículos 44-47 de la Carta anterior referentes al estatuto del Comité Consultativo de Defensa, organismo provisorio adjunto a la Reunión de Consulta de ministros de relaciones exteriores, introducir dos nuevos artículos, 53 y 54. La esencia de esta innovación tendía a “institucionalizar” en la estructura de la OEA al Consejo Interamericano de Defensa (CID), formalmente no vinculado a ella, mediante el establecimiento de contactos sobre cuestiones militares entre la Reunión de Consulta de ministros de relaciones exteriores y el CID  [198•20 .

p El proyecto de Estados Unidos, llamado a crear la base jurídica para fundar las “Fuerzas Interamericanas”, testimoniaba que Washington no había abandonado sus intentos de transformar a la OEA en una alianza militar. Sin embargo, las intenciones de EE.UU. encontraron firme rechazo por algunas delegaciones latinoamericanas que subrayaban que la Comisión Especial, de acuerdo con las resoluciones de la conferencia de Río, no era competente para cambiar los artículos señalados  [198•21 . La delegación yanqui tuvo que retirar sus propuestas.

p No habiendo logrado su objetivo principal, la delegación estadounidense se manifestó contra la inclusión de cláusulas adicionales al apartado sobre las normas sociales y económicas de la Carta, previstas en el Acta Económico Social de Rio de Janeiro. La delegación norteamericana invocaba los problemas que podían surgir al ratificar la nueva Carta de la OEA en el Senado de EE.UU.  [198•22 . En cuanto a la cuestión de modificar las normas sociales y económicas, la reunión se vio obligada a exponer solamente las posiciones de las diferentes partes. Las delegaciones de México, Perú, Honduras, 199 Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Costa Rica y El Salvador formularon una declaración especial criticando las normas sociales propuestas por la reunión, acotando que éstas “sólo reproducen las existentes en la actual Carta" y no “han significado ningún progreso en este campo"  [199•23 .

p La reunión de Panamá pudo llegar a un acuerdo sólo en lo relacionado a las modificaciones estructurales de la OEA: la Conferencia Interamericana pasó a llamarse Asamblea General debiendo ser convocadas sus sesiones anualmente; se delimitaron las esferas de actividades de los tres Consejos con igualdad de derechos; fueron excluidos los segundos nombres de “Secretaría General”, “Unión Panamericana”, etc.  [199•24 . Debido a que la reunión no pudo elaborar un texto concordado sobre las normas económicas y sociales, el Consejo de la OEA decidió convocar la IV sesión extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social (CÍES). Esta se realizó del 6 al 18 de junio de 1966 en Washington. Al mismo tiempo, el Consejo de la OEA creó una Comisión General de enmiendas al Anteproyecto de Reformas a la Carta para reconciliar las divergencias entre los Estados miembros.

p En la IV sesión extraordinaria del CÍES la delegación de EE.UU. pudo conseguir que las normas económicas fuesen redactadas en un sentido que no les imponían obligaciones complementarias. El artículo 5 del capítulo VII, Normas económicas, del Anteproyecto de Reformas a la Carta confeccionado en la reunión de Panamá, fue el que provocó las mayores objeciones de EE.UU. Es que el artículo contenía una cláusula, según la cual “los Estados miembros asumen la obligación" de ayudarse uno a otro  [199•25 . Washington consiguió una formulación neutral. En su nueva redacción el artículo indicado (el artículo 32 en el Protocolo de Buenos Aires) establecía que los “Estados miembros acordaron cooperar uno con otro"  [199•26 .

p La IV sesión extraordinaria del CÍES adoptó también el capítulo VIII, Normas sociales, en nueva redacción que fue ampliado por insistencia de un grupo de países 200 latinoamericanos  [200•27 . En suma, los EE.UU. pudieron, aplicando la táctica de compromisos, apaciguar temporalmente las contradicciones en el sistema interamericano.

p Antes de ser presentado a la III Conferencia Interamericana Extraordinaria para su aprobación, el Anteproyecto de Reformas a la Carta fue examinado en la sesión del Consejo de la OEA del 29 de junio de 1966. Este propuso excluir al Comité Jurídico Interamericano (CJI) del conjunto de organismos principales de la OEA, establecer contactos más estrechos entre el CJI y el Consejo Permanente, limitar las facultades de los Consejos para crear organismos y comisiones adicionales  [200•28 .

p El Anteproyecto elaborado por la reunión de Panamá, junto con las enmiendas del CÍES, así como del Consejo de la OEA y las sugerencias de diversos Estados americanos, fue presentado para su aprobación a la III Conferencia Interamericana Extraordinaria, que tuvo lugar en febrero de 1967 en Buenos Aires, y no en julio de 1966 como estaba previsto.

p A pesar de su prolongada preparación, la conferencia de Buenos Aires fue escenario de agudos choques. La “manzana de la discordia" fueron las propuestas de Argentina sobre el fortalecimiento de la estructura militar del sistema interamericano. Argentina de hecho repitió el proyecto de EE.UU. anteriormente rechazado, proponiendo conferir status permanente al Comité Consultativo de Defensa y transferirle las funciones y bienes del CID que debía ser suprimido  [200•29 .

p La aprobación del proyecto argentino hubiera significado institucionalizar dentro del sistema interamericano un organismo supranacional, cuyas decisiones tendrían carácter obligatorio, a diferencia de las decisiones del CID que no estaba vinculado con la OEA. Ello no sólo afectaría a la soberanía de los Estados latinoamericanos, sino llevaría a la creación de fuerzas militares permanentes. “El proyecto es tan grave que equivale a convertir la OEA en una alianza, militar, en una “otanización” de la OEA" —manifestó el delegado colombiano Alfredo Vásquez Carrisoza.

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p Puesto a votación, el proyecto de Argentina fue resueltamente rechazado. Lo apoyaron solamente seis países (Brasil, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Honduras, además de Argentina), once países (Venezuela, Ecuador, México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Haití y Guatemala) votaron en contra y tres (EE.UU., Panamá y Bolivia) se abstuvieron  [201•30 . El Comité Consultativo de Defensa, lo mismo que el CID, quedó con su estatuto anterior.

p La conferencia de Buenos Aires introdujo una serie de enmiendas adicionales al proyecto de la nueva Carta de la OEA. Entre los principales organismos de la entidad fue incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; quedando también el Comité Jurídico Interamericano; fue ampliado el plazo de vigencia de los poderes del presidente del Consejo permanente y del vicepresidente de dos a seis meses; se limitó la facultad de los Consejos para crear nuevos organismos, etc. La Conferencia de Buenos Aires rechazó la descentralización institucional de la OEA, estableciendo que los organismos principales debían seguir permaneciendo en Washington. A la vez, se manifestó por el aumento de la descentralización funcional  [201•31 .

p El resultado principal de la III Conferencia Interamericana extraordinaria fue la suscripción del Protocolo de Reformas a la Carta de la OEA o Protocolo de Buenos Aires que se convirtió así en la nueva Carta de la Organización  [201•32 .

p El Protocolo de Buenos Aires, que entró en vigor el 27 de febrero de 1970, fue un acuerdo conciliatorio que no respondió plenamente ni a los intereses de Estados Unidos, ni a los de los Estados latinoamericanos. En ello residía también la causa de su caducidad.

p Sin embargo, el hecho de que los EE.UU. no pudieron lograr un ulterior fortalecimiento de la función político-militar del sistema interamericano constituye un indudable éxito de las naciones latinoamericanas. Las modificaciones estructurales afianzaron, aunque más no sea formalmente, los organismos encargados de los asuntos económicos y sociales de la OEA, así como de los problemas de la educación, la ciencia 202 y la cultura, es decir, el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A tal fin fueron ampliados los capítulos respectivos VII, VIII y IX sobre las normas económicas y sociales y las normas en la esfera de la educación, la ciencia y la cultura.

p El Protocolo de Buenos Aires estableció nueva estructura orgánica para la OEA. Conforme al artículo 51, los principales organismos de la OEA son: a) la Asamblea General; b) la Reunión de Consulta de ministros de relaciones exteriores; c) los Consejos; d) el Comité Jurídico Interamericano; e) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; f) la Secretaría General; g) las conferencias especializadas; h) los organismos especializados.

p La reforma de la Carta de la OEA no eliminó las contradicciones existentes en el sistema interamericano ni le imprimió “dinamismo”. El sustento de la crisis quedó incólume: el sistema interamericano está subordinado a los intereses de la política del Estado más poderoso del hemisferio occidental.

p En la primera sesión de la Asamblea General de la OEA, celebrada en San José, en abril de 1971, a sólo un año de entrado en vigor el Protocolo de Buenos Aires, resonaron las exhortaciones de los representantes latinoamericanos a proceder a una verdadera reforma de la Carta de la OEA. “Todo indica —dijo Juan Antonio Tak, a la sazón ministro de Relaciones Exteriores de Panamá—, que la OEA marcha con un reloj contrario al de la revolución de nuestro tiempo, pues las manecillas de ese reloj por el cual se guía la Organización, marchan hacia atrás"  [202•33 .

El proceso de distensión, que avanzó en los años 70, profundizó aun más la crisis del sistema interamericano.