202

p El comienzo de los años 70 registró sensibles cambios en la OEA. Los resultados de las dos primeras sesiones de la Asamblea General, celebradas después de entrado en vigor 203 en 1970 el Protocolo de Reformas, revelaron una nueva distribución de fuerzas en la organización. El contenido del sistema interamericano, bajo el influjo de los acontecimientos mundiales de los años 70, comenzó a cambiar. En el orden del día quedó planteada la cuestión de llevar a cabo una reforma que no se limite a revisar unas u otras cláusulas de la OEA, sino que abarque todo el conjunto de las relaciones comerciales, económico-militares y político-militares interamericanas, sus fundamentos ideológicos, estructura orgánica y el carácter de la actividad de esa institución.

p Los Estados latinoamericanos aplican una política consecuente y concordada en sus relaciones con Estados Unidos, ante todo, en lo que se refiere a las cuestiones económicas, comerciales y sociales. Lo testimonian los documentos aprobados conjuntamente, tales como el Consenso de Viña del Mar de 1969 y el Documento de Bogotá, declaración adoptada en febrero de 1973 en la octava sesión anual del Consejo ínteramericano Económico y Social (CÍES).

p La tercera sesión de la Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar en abril de 1973 en Washington, prácticamente dio comienzo a la lucha por una nueva y radical reorganización del sistema interamericano. La resolución 127, aprobada unánimemente, dispuso crear una Comisión Especial de Estudio del Sistema Interamericano (CEESI) que procediera a “un amplio estudio crítico, al análisis y evaluación de la filosofía, instrumentos, estructura y funcionamiento del sistema interamericano y proponga su reestructuración y las reformas y medidas necesarias para adecuarla a la nueva situación política, económica, social y cultural en todos los Estados miembros y en el hemisferio y a las condiciones mundiales"  [203•34 .

p Aunque la opinión de que la reforma del sistema resultaba imprescindible podría ser considerada como una opinión dominante, sin embargo, en la sesión se revelaron diferencias en la posición de los países miembros respecto a esta cuestión.

p La postura más radical se manifestó en las intervenciones de los delegados del gobierno de la Unidad Popular de Chile y de los representantes de Perú y Panamá, quienes exigieron una revisión cardinal de la Carta de la CEA, de los instrumentos básicos del sistema y de los principios que la rigen. Fue expuesta la necesidad de anular las sanciones 204 anticubanas y de trasladar la sede de la OEA de Washington a una de las capitales latinoamericanas.

p El rasgo característico de la actitud adoptada por la mayoría de los países latinoamericanos fue el deseo de reestructurar el sistema interamericano en sentido que contribuya al desarrollo de los países del continente sobre la base de solidaridad regional, y no de dependencia de EE.UU.

p . Los representantes de EE.UU., Brasil, Bolivia y Paraguay, dejando de lado la cuestión sobre el cambio de los principios y de la transformación radical de la estructura del sistema, se manifestaron únicamente por la simplificación de los procedimientos en la OEA y por un perfeccionamiento de la organización existente.

p Importante paso tendiente a revisar los fundamentos ideológicos del sistema interamericano se dio con la adopción en la tercera sesión de la Asamblea General de la OEA de la Declaración sobre los principios de las relaciones interamericanas.

p Esta declaración proclamó el derecho de cada Estado a elegir libremente su forma de gobierno, así como su organización económica y social.

p La mayoría de los delegados que intervinieron en la sesión se expresaron en favor del reconocimiento del “pluralismo ideológico”, entendido como una aceptación de la coexistencia, en el marco del sistema interamericano, de países con diferente régimen político en calidad de principio fundamental de todo el conjunto de las relaciones interamericanas, lo cual tenía su argumento en el debilitamiento de la “guerra fría" y el avance de la distensión entre la URSS y EE.UU.

p Durante la preparación de las reformas del documento básico del sistema interamericano referente a los problemas de la seguridad, el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), los Estados Unidos se esforzaron por impedir la revisión de aquellas de sus cláusulas que sitúan a los países latinoamericanos en dependencia político-militar respecto a Washington. “Debemos modernizarlo —declaró Henry Kissinger en la cuarta sesión de la Asamblea General de la OEA en Atlanta—, pero conservando sus bases"  [204•35 . En esto los EE.UU. fueron apoyados por los regímenes autoritarios y la junta fascista de Chile.

205

p Un enfoque totalmente diferente del concepto de seguridad fue propuesto por la delegación de Perú, sugiriendo que “... el concepto de seguridad comprendiera también el de la seguridad económica y social vital para nuestro desarrollo"  [205•36 . Así lo manifestó Miguel Ángel de la Flor Valle, ministro de Relaciones Exteriores del Perú en la apertura de la primera sesión de la CEESI. En las reuniones de la Comisión Especial la delegación peruana propuso añadir al acuerdo una cláusula previendo crear un mecanismo de seguridad colectiva económica. Esta propuesta fue apoyada por las delegaciones de Panamá, México, Venezuela, Ecuador y del gobierno de la Unidad Popular de Chile.

p La exhortación a fundar un sistema de seguridad colectiva económica se incluyó también en el documento final de la Conferencia de Tlatelolco, aprobado en el encuentro de ministros de Relaciones Exteriores de 24 países del hemisferio occidental con el Secretario de Estado de EE.UU.

p En las sesiones de la CEESI, Perú y Panamá se manifestaron enérgicamente contra la perduración en el TIAR de cláusulas que obligan a todos los Estados miembros a adoptar medidas defensivas en caso de una agresión extracontinental. “La posibilidad de un ataque extracontinental —según las palabras del represenante del Perú en la CEESI—, solamente existe para los EE.UU. El interés de EE.UU. en tal caso es el de tener a América Latina como zona de seguridad"  [205•37 .

p La actitud de Perú y Panamá fue apoyada por las delegaciones de Venezuela, México, Barbados y Jamaica. “La enmienda peruana al punto 3 trata de evitar que los países latinoamericanos estén atados a la estrategia militar de EE.UU."  [205•38  —afirmó el representante de Venezuela, García Bustillos.

p La mayoría de los países latinoamericanos se manifestó también por la revisión del artículo 6 del TIAR que prevé la posibilidad de tomar medidas de “autodefensa” en caso de agresión, aunque no signifique una agresión armada, un conflicto Ínter o extracontinental, o ante cualquier otro hecho o situación que pueda “amenazar la paz en América”.

p “El concepto de agresión resulta ampliado en el Art.6 —se decía en el documento presentado por Perú a 206 consideración de la CEESI— a extremos que hacen caer casi cualquier diferencio dentro de él"  [206•39 .

p Respecto a las propuestas de revisar la concepción interamericana de la seguridad, ocuparon posición negativa las delegaciones de EE.UU., Brasil, Costa Rica y, en parte, Colombia, así como los regímenes autoritarios derechistas y fascistas.

p “Es de la mayor importancia —manifestó el representante de EE.UU.— evitar cambios que podrían perjudicar la efectividad del Tratado como instrumento de seguridad colectiva y de mantenimiento de la paz para este hemisferio"  [206•40 .

p En julio de 1975 los representantes plenipotenciarios de los países miembros de la OEA, reunidos en San José, suscribieron el Protocolo de Reformas del TIAR.  [206•41  En él se excluyó a Groenlandia y amplias superficies de mar abierto de la llamada “zona de seguridad" del sistema interamericano, limitándola a una franja de 200 millas a lo largo de la costa de América del Norte. Los Estados Unidos insistieron en dejar a Canadá dentro de la “zona de seguridad”. Quedaron incluidos también otros países no participantes del Tratado, así como los dominios coloniales de las potencias europeas en el hemisferio occidental, por cuanto la “zona de seguridad" para la región del Atlántico Sur y de la Antártida a proposición de Brasil y Argentina no fue modificada.

p Fue revisado el artículo 9 del Tratado de 1947 referente al concepto de agresión. La Comisión Especial incluyó en este artículo el concepto de agresión fundamentado en la definición dada por la Organización de las Naciones Unidas. No obstante, el organismo consultivo fue facultado para determinar otros casos, además de los enumerados en el artículo, que podían ser calificados como agresión.

El artículo 12 del Protocolo de San José confirma el principio de la no intervención y el “derecho de cada Estado a escoger libremente su organización política, económica y

i,, A) social”  [206•42 .

p El artículo 20, adoptado por insistencia de la mayoría de los países latinoamericanos, introdujo modificaciones en el sistema de votación en las Reuniones de Consulta de 207 ministros de Relaciones Exteriores. Las decisiones adoptadas por una mayoría calificada de dos tercios de votos, deben ser revocadas por mayoría simple de votos.

p La decimosexta Reunión de Consulta, convocada inmediatamente después de la suscripción del Protocolo de Reformas, concedió a los países de la OEA libertad de acción en la normalización de sus relaciones con Cuba en conformidad con los postulados del artículo 20.

p Los resultados de la Conferencia de San José facilitaron la adopción, durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA del 3 de diciembre de 1975, de la propuesta de Perú de suprimir la Comisión Especial Consultiva sobre asuntos de seguridad, creada en 1962 para la lucha contra la “actividad subversiva del comunismo internacional”.

p Sin embargo, en lo que se refiere a la esencia misma del Tratado, el concepto de seguridad, aquí no hubo modificaciones considerables.

p Los artículos 3 y 6, en lo fundamental, conservaron su contenido anterior y, en suma, el Tratado puede ser utilizado todavía por Washington en calidad de herramienta de su política exterior en el continente. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de Perú, Panamá, México y Venezuela, que supieron introducir restricciones a las cláusulas más odiosas de los artículos mencionados, hay razones para considerar que el “nuevo Tratado deja considerable espacio para las negociaciones"  [207•43 .

p El artículo del Protocolo de San José relativo a la seguridad colectiva económica, fue aprobado por 20 votos a favor y uno en contra (el de EE.UU.).

p El representante de Estados Unidos formuló una reserva al Protocolo de Reformas en el sentido de que los “Estados Unidos, al firmar este Protocolo de enmiendas al TIAR, no aceptan la obligación o el compromiso de negociar, firmar o ratificar ningún tratado o convención en materia de seguridad económica colectiva"  [207•44 .

p Por lo tanto, la reserva formulada por EE.UU. anula prácticamente el sentido del artículo sobre la seguridad económica colectiva; los países latinoamericanos no lograron dejar establecida garantía sustancial alguna para su desarrollo económico.

208

p El examen en la CEESI de las reformas a la Carta de la OEA demostró que la mayoría abrumadora de los países del continente están por la revisión de las relaciones socioeconómicas interamericanas.

p La posición de EE.UU., Brasil y de los regímenes autoritarios derechistas estuvo signada por los intentos de restablecer en las relaciones interamericanas la idea desacreditada del panamericanismo. “La esencia del sistema como tal —dijo el representante de Brasil en la CEESI, Jorge Alvares Maciel—debe mantenerse y la reformación debe realizarse no para destruirlo, sino para volverlo más interamericano"  [208•45 . Semejante “enfoque antihistórico e irrealista" fue evaluado por el representante de Venezuela como un intento de “sólo limpiar la fachada" mostrar “que no está pasando nada"  [208•46 .

p En la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio occidental celebrada en México, Kissinger formuló la propuesta de crear la llamada “nueva comunidad del hemisferio occidental”. En esencia, esta proposición estaba encaminada a modernizar la doctrina del panamericanismo y no permitir el acercamiento de América Latina con otros países en desarrollo. En la Declaración de Tlatelolco, no obstante, se expresó la demanda de reconocer la comunidad y similitud de los problemas de América Latina con los de otros países en desarrollo.

p En las reuniones de la CEESI se prestó gran atención a las funciones y la estructura de los consejos de la OEA. La mayoría de los países latinoamericanos se expresó por el fortalecimiento de sus funciones económicas y sociales.

p En enero de 1976 el Consejo Permanente de la OEA terminó el examen del nuevo protocolo de reformas de esta organización. Algunas de las cláusulas fueron consideradas por la prensa como un éxito indudable de la diplomacia latinoamericana. Quedó establecido convocar una sesión especial de la Asamblea General de la OEA para aprobar el protocolo. El Consejo Permanente aprobó el artículo 3 “d” que explica el contenido del principio del “pluralismo ideológico”. La delegación de Perú en la CEESI, al desvirtuar los temores de Venezuela, defendió el punto de vista de que el principio del “pluralismo ideológico" no puede contradecir los principios de la “democracia representativa”. La segunda parte 209 del punto “d” expresa con ese motivo que “la solidaridad de los Estados miembros se fundamenta en la soberanía popular sobre la base del ejercicio de la democracia representativa y de la participación plena"  [209•47 .

p El Consejo Permanente de la OEA aprobó el punto “I” del artículo 3 referente a la cooperación con fines de desarrollo. Tal cooperación, se dice en el artículo, debe contribuir a la realización de los objetivos que cada Estado se plantea en el terreno económico. Esta cooperación “debe ser integral, no unilateralmente condicionada y abarcar los aspectos inherentes a los campos económico, social, cultural, educativo, científico y tecnológico"  [209•48 . La cláusula recibió 21 votos a favor; el representante de EE.UU. votó en contra.

p Por 19 votos a favor y con una abstención (de EE.UU.), el Consejo Permanente de la OEA incluyó en el proyecto de enmiendas un texto en el que se estipulaba la necesidad de establecer garantías para la seguridad económica colectiva  [209•49 .

p Además de las modificaciones señaladas, el protocolo de enmiendas a la Carta de la OEA contiene cláusulas sobre la protección del medio ambiente, sobre participación de los trabajadores en los bienes y utilidades de las empresas, confirma la soberanía de los Estados miembros sobre sus recursos naturales, incluidos los del mar adyacente, del fondo y de la plataforma continental.

p La CEESI, además de los anteproyectos de reformas del TIAR y de la Carta de la OEA, preparó también dos proyectos de convención sobre la seguridad económica colectiva y la cooperación con fines de desarrollo integral.

p Las cláusulas del primero de los proyectos  [209•50  establecen el orden para definir los casos de agresión económica y adoptar sanciones contra el Estado que la cometa. El segundo documento, adoptado por iniciativa de Panamá, formula los principios que deben servir de base para la cooperación interamericana económica y social  [209•51 .

p Durante la preparación por la Comisión Especial del proyecto de convención sobre la seguridad colectiva, los 210 EE.UU. se manifestaron contra la creación de un mecanismo dotado de facultades para aplicar sanciones en respuesta a los actos de agresión económica. Sin embargo, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA del 10 y 11 de noviembre de 1976 ambos proyectos de convención obtuvieron aprobación completa de los países latinoamericanos. El proyecto de convención sobre cooperación con fines de desarrollo integral fue aceptado unánimemente, aunque los EE.UU., en la votación por partes, se abstuvieron en lo referente al derecho de nacionalización y expropiación, al control sobre la inversión privada extranjera y a la regulación de las actividades de los monopolios transnacionales en conformidad con las leyes de cada país. El proyecto de convención sobre seguridad económica colectiva fue aprobado por 18 votos a favor y 1 en contra (EE.UU.). La adopción definitiva de ambos proyectos de convención, lo mismo que del Protocolo de Reformas a la Carta de la OEA, debía ser considerada en una sesión especial de la Asamblea General de esta organización. Sin embargo, las reformas del sistema interamericano, elaboradas a lo largo de más de tres años, fueron rechazadas oficialmente por Washington. Los EE.UU., ante todo, se oponen al esfuerzo de los países latinoamericanos de incorporar al sistema de relaciones interamericanas la seguridad económica colectiva.

p Otra seria causa que motiva la disconformidad de Estados Unidos reside en el afán de los países latinoamericanos de poner bajo control la actividad de los monopolios transnacionales y de eludir la intervención de EE.UU. a favor de éstos en los conflictos con los gobiernos de las repúblicas de la región.

p Los Estados Unidos propusieron olvidar el anteproyecto de la Carta de la OEA preparado y comenzar toda la labor de nuevo.

p “Los resultados de los esfuerzos son desilusionantes” —manifestó Henry Kissinger en la sexta Sesión de la Asamblea General de la OEA, celebrada en junio de 1976 en Santiago. Nuestro gobierno —dijo más adelante—, no puede suscribir el anteproyecto propuesto ni recomendar al Senado su ratificación"   [210•52 .

p “La flexibilidad y adaptabilidad deben guiar la orientación de las reformas”, expresó Kissinger. La Carta de la 211 OEA no debe ser recargada con “detalles secundarios y cuestiones de procedimiento”. El sistema de los tres consejos, implantado por la reforma de 1967 “no justificó las esperanzas que se depositaron en él”. Los consejos dejarían de ser necesarios, según la opinión de Kissinger, si la Asamblea General, como organismo central de la OEA, celebrase sus sesiones con mayor frecuencia, “quizás, dos veces al año, además de las sesiones complementarias para examinar problemas de común interés como, por ejemplo, la cooperación con fines de desarrollo”. Para administrar una entidad de esta naturaleza se necesitará una Secretaría menos numerosa. Kissinger propuso también “hallar una base para reducir la participación de EE.UU. en el presupuesto de la OEA sin permitir, a la vez, que la organización se debilite"  [211•53 .

p La propuesta de Kissinger sobre la posibilidad de suprimir los consejos de la OEA minaba los esfuerzos latinoamericanos de intensificar la actividad socioeconómica de la organización. Las exhortaciones a eliminar el “formalismo” en la OEA, según la opinión de los observadores latinoamericanos, “expresaba principalmente el despecho de quien está para ser tenido en cuenta por su criatura"  [211•54 .

p Tomando en consideración la desfavorable correlación de fuerzas en la OEA, la administración del Presidente Cárter también se esforzó por no permitir la reestructuración del sistema interamericano en el sentido que planteaban las demandas de las naciones del continente.

p Las propuestas formuladas por el Secretario de Estado Cyrus Vanee en la séptima Sesión de la Asamblea General de la OEA muestran un debilitamiento del interés de EE.UU. por esta organización. Al experimentar la fuerza de la posición conjunta latinoamericana, los Estados Unidos prefieren ahora desarrollar sus vínculos con los países de la región sobre bases bilaterales, continuando así la política de “aliados privilegiados”, iniciada por la administración anterior. La finalidad de tal política responde al deseo de dividir a los países latinoamericanos y aprovechar las contradicciones existentes entre ellos. A la OEA, en cambio, se le asigna el modesto papel de organismo de consulta para el intercambio de opiniones entre EE.UU. y América Latina y la elaboración de una actitud concordada en la palestra internacional. Así pues, 212 los EE.UU. optaron por reducir su participación en el financiamiento del presupuesto de la OEA del 66 al 49%.

p Las propuestas de Vanee de fusionar los Consejos socioeconómicos de la OEA con el Consejo Permanente, lo cual, sin duda, restringiría la actividad socioeconómica de la organización, así como las de realizar conferencias especiales “no formales”, convocadas “según sea necesario" y no como lo estipula la Carta de la OEA, muestran la creciente desconfianza de EE.UU. hacia esta entidad. Revelan también el deseo de EE.UU. de eludir en la OEA el examen de problemas socioeconómicos agudos, frente a los cuales los países latinoamericanos mantienen una posición unánime. A diferencia de la administración anterior, que prometía algunas concesiones económicas a los Estados latinoamericanos, el Presidente Cárter planteó que los problemas económicos debían ser resueltos según fuesen los resultados del diálogo entre los países capitalistas industrializados y los Estados en desarrollo a escala mundial y, con lo mismo, se preocupó por eliminar del orden del día las cuestiones que representan mayor interés para las naciones latinoamericanas.

p Las repúblicas del continente manifiestan su disconformidad por la lentitud del proceso de las reformas. Santiago Roel, ministro de Relaciones Exteriores de México, al intervenir en la séptima Sesión de la Asamblea General de la OEA  [212•55 , remarcó entre los rasgos positivos de la reforma la confirmación del principio del “pluralismo ideológico" y la renuncia a la “guerra fría”. Al mismo tiempo destacó la necesidad de incrementar los esfuerzos para sancionar las convenciones sobre cooperación con fines de desarrollo y la de seguridad económica colectiva. En pro de la aprobación de ambos documentos también intervienen activamente los representantes de Perú, Panamá y Venezuela.

p Washington sigue ejerciendo presión económica sobre los países latinoamericanos. El aumento unilateral por Estados Unidos de la carga arancelaria para el azúcar a fines de 1977 amenaza con desatar una seria crisis en la industria azucarera de los países de América Latina. En la declaración de la comisión especial de consultas y negociaciones, existente en el sistema de la OEA, estas medidas de Washington fueron calificadas como una expresión manifiesta de la 213 política de “proteccionismo agresivo" que afecta a los intereses del desarrollo económico de la región. Los representantes de los Estados latinoamericanos en la OEA calificaron esta medida de EE.UU. como un acto de agresión económica contra trece países del área que suministran el 56% del azúcar importado por Estados Unidos.

p El carácter irreconciliable de los intereses de los monopolios yanquis y los del desarrollo nacional de los países de la región condujo al movimiento por la reforma del sistema interamericano a un callejón sin salida. Incluso el secretario general de la OEA, Alejandro Orilla, rindiendo tributo a los ánimos de la mayoría, se vio obligado a formular una crítica contra Washington. “Mientras los Estados Unidos —manifestó— ponen énfasis en la seguridad del sistema y prefieren las relaciones bilaterales al concepto multilateral, Latinoamérica, por el contrario, le concede prioridad al desarrollo y a la integración regional entre las naciones del hemisferio"  [213•56 .

Haciendo hincapié en las relaciones bilaterales y dando prioridad a sus intereses de largo alcance en la región, los Estados Unidos aspiran a preparar las condiciones para el renacimiento del panamericanismo. En la actualidad se hace cada vez más evidente que, como lo señalara la Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina y el Caribe, celebrada en La Habana, en vez de la OEA, la América Latina necesita su propio foro continental que le permita organizar la defensa de sus intereses comunes y lograr la liquidación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.