DE EE.UU. Y LOS PAÍSES DE AMERICA LATINA
p Un aspecto nuevo y característico de las relaciones político-militares y económico-militares entre EE.UU. y los países capitalistas de América Latina en los años 70 es la tendencia a la integración, que reviste la índole de otra forma de dependencia de las naciones de la región respecto al imperialismo, aunque vinculada también con las leyes generales de la internacionalización de las relaciones económicas, incluidas las interamericanas, y con la prolongada política de los círculos gobernantes de EE.UU. dirigida premeditadamente a “asimilar” a las repúblicas del continente en un sistema integracionista hemisférico. Puede considerarse que los gérmenes de la integración político-económico-militar con los países de América Latina aparecieron ya en el siglo XIX cuando en la Conferencia de 1889-1890 (en la que se creara la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas) Washington procuró insistentemente lograr la suscripción de un acuerdo militar. Nuevos intentos de fundar una organización bélica que agrupara a los Estados latinoamericanos y a EE.UU. fueron hechos en 1913 por el Presidente Woodrow Wilson. En 1936 Franklin D. Roosevelt también se esforzó en concertar un tratado sobre “acciones conjuntas" y de “interdependencia de las naciones americanas" en lo militar [179•5 .
p Sin embargo, la estructuración real de la integración 180 militar de estos países comenzó en los años de la segunda guerra mundial, cuando los EE.UU. utilizaron ampliamente los recursos materiales y humanos de las naciones del continente con fines bélicos y, a tal objeto, crearon un determinado sistema organizativo y su consiguiente base jurídica. El posterior perfeccionamiento de ese sistema fue avanzando durante la posguerra, siendo un importante jalón la firma en 1947, en Petrópolis, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y la inclusión de sus cláusulas fundamentales en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA). Al firmar este tratado, Estados Unidos de América por primera vez desde 1778 se incorporaron en tiempos de paz a una alianza militar con otros Estados. La inclusión de las cláusulas principales del tratado en la Carta de la OEA y el hecho de que EE.UU., además de las obligaciones político-militares que emanan de ese pacto tienen otras provenientes de su afiliación a la OTAN y demás bloques agresivos, imprimen también al sistema político-militar interamericano un carácter agresor y ofensivo. Prácticamente no existe diferencia sustancial entre este último y la OTAN, sólo que la OTAN está enfilada directamente contra los países socialistas, enfrentándolos en Europa, mientras que el sistema interamericano está destinado a solucionar la tarea de preparar un área auxiliar y asegurar la retaguardia del sistema global militar estadounidense.
p El Tratado de Reciprocidad y la Carta de la OEA constituyen el fundamento del sistema político-militar interamericano. Sin embargo, además de sus vínculos multilaterales dentro del marco de la OEA, los EE.UU. están relacionados con los países latinoamericanos a través de más de 100 tratados bilaterales político-militares y acuerdos político-económicos. Analizando el contenido de esos documentos se puede ver que la existencia de múltiples acuerdos que persiguen directamente fines políticos militares y económico-militares (el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, los acuerdos bilaterales de asistencia militar, suministro y empleo de equipos bélicos, sobre construcciones militares, establecimiento de bases y estaciones de rastreo de satélites y vehículos espaciales, arriendo de buques de guerra, trabajos de cartografía, colaboración científica militar, etc.) o que contienen cláusulas de carácter económico-militar (acuerdos sobre suministros de materia prima y su prospección, construcción de caminos, aeródromos y puertos, establecimiento de sistemas de comunicación, etc.) permite a Estados Unidos aprovechar con eficiencia el 181 territorio y los recursos de los países latinoamericanos en una perspectiva amplia y en dirección y envergadura determinadas y condicionadas con anterioridad. Junto con las relaciones interamericanas emanadas de los acuerdos de carácter más general y las medidas de los organismos gubernamentales de EE.UU. en la esfera bélica, estas relaciones jurídico-castrenses constituyen una especie de armazón en el funcionamiento de las relaciones militares entre EE.UU. y los países de América Latina.
p Lugar destacado en los planes militares de EE.UU. ocupan las actividades del Consejo Interamericano de Defensa (CID), creado en 1942 y formado por representantes de los Estados Mayores y de todas las armas de las Fuerzas Armadas de los países americanos (excepto Cuba), con sede en Washington. En la competencia del CID entra la aprobación de los planes de cooperación militar entre los Estados, la estandardización de los armamentos a escala del hemisferio, la unificación del sistema de instrucción, preparación y organización de las Fuerzas Armadas latinoamericanas según el modelo estadounidense, la solución de las cuestiones vinculadas con la prestación de ayuda bélica, la elaboración de una doctrina militar unificada y de planes de utilización de las instalaciones de guerra, etc. Las decisiones del CID tienen carácter obligatorio para los países miembros y no necesitan ser ratificadas por los organismos legislativos respectivos. Esta circunstancia transforma al CID, que formalmente constituye un organismo “consultivo”, en una especie de organización supranacional bajo control yanqui. Cabe decir que los EE.UU. cubren más de las 7/10 partes de los gastos de ese organismo.
p La idea de crear las fuerzas interamericanas fue expresada por primera vez en 1938 por la Secretaría de Defensa de EE.UU. En 1946, el Presidente Harry Truman propuso un proyecto para crear un “ejército continental”. En 1959 el senador Smathers presentó al Congreso una propuesta para crear las “fuerzas interamericanas de policía”. A partir de 1960, cuando se reunió la primera conferencia de los jefes de ejército de los países americanos en Panamá, unos u otros aspectos del problema siempre figuran en el orden del día. En 1965, durante la intervención contra República Dominicana, los EE.UU. pudieron formar las “fuerzas provisionales interamericanas de paz”, en las que también participaron Brasil, Paraguay. El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. En 1967, durante la conferencia que examinó la cuestión sobre las 182 modificaciones en la Carta de la OEA, se intentó incluir en la misma una cláusula acerca de la creación de una fuerza interamericana permanente, habiendo votado por esta resolución casi todos los participantes de las “fuerzas provisionales" (Brasil, Paraguay, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Argentina). La resolución, sin embargo, no fue aceptada.
p Los círculos democráticos de los países de América Latina desenmascaran esas fuerzas interamericanas, muestran el verdadero carácter del plan elaborado por el Pentágono y el peligro que representa para la soberanía de las naciones del continente. Ello no hace ceder a EE.UU. en sus intentos de llevar a cabo este proyecto en una u otra forma. Habiendo recibido seria resistencia la idea de organizar una fuerza armada permanente bajo la égida de la OEA, en los años 60 y 70 los EE.UU. se empeñan en llevarla a cabo en forma encubierta. Una de las variantes es la integración militar en el marco del Consejo Interamericano de Defensa que posee fuerzas navales conjuntas y un sistema único de seguridad. Otra variante es la designación de unidades especiales dentro de los ejércitos latinoamericanos, equipadas y entrenadas en EE.UU. que, “en caso necesario”, podrían ser unificadas “bajo la bandera de la OEA”.
p Debido a las dificultades que surgieron en la transformación de la OEA en una OTAN latinoamericana, las esferas gobernantes de EE.UU. ya en los años 50 promovieron un proyecto para establecer organizaciones militares regionales en cuatro zonas más importantes de América Latina: la de la costa pacífica (Perú, Ecuador, Chile y Colombia), la centroamericana (países de América Central), la sudatlántica (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay) y la norteamericana (EE.UU. y México). Con la creación de organismos militares subregionales en América Latina, los Estados Unidos procuran dos objetivos fundamentales: primero, golpear al movimiento liberador que se ha intensificado considerablemente; segundo, preparar el terreno para la unificación ulterior de las organizaciones militares subregionales en una entidad militar única de los Estados americanos, es decir, con su participación formal. En principio, el único proyecto realizado fue el de formar el Consejo Centroamericano de Defensa. A fines de los años 60 las esferas gobernantes de EE.UU. pasaron a otra táctica: se tomó la decisión de concertar un “Pacto sudamericano" agrupando a los países bajo el liderazgo de Brasil. El Pentágono cedió su papel a Brasil, proclamado en 183 1963 por el Presidente de EE.UU. como “líder natural de América Latina”. Si bien el Pacto sudamericano todavía no fue creado, por lo menos cuatro de los cinco países que, según cálculos del Pentágono, deben integrarlo, expresaron en principio su conformidad.
La idea señalada anteriormente acerca de la responsabilidad repartida tiene también otro sentido: para los círculos dirigentes latinoamericanos (en todo caso, para muchos de ellos), éste consiste en que los EE.UU., en definitiva, deben ser garantía para la inamovilidad de su régimen social. Por lo tanto, un factor que consolida las relaciones interamericanas está representado por cierta identificación de los intereses estratégicos que se desprende de la identidad clasista de las estructuras sociales dominantes en EE.UU. y en los países de América Latina. Los sólidos vínculos existentes entre los grupos monopolistas de la burguesía latinoamericana, la oligarquía terrateniente, los grupos derechistas de las fuerzas armadas con el capital monopolista yanqui predeterminan, en grado considerable, no sólo su posición reaccionaria en la vida interna y en política exterior, sino también sirven de base para el acercamiento con el complejo industrial-militar de EE.UU. y de apoyo a la política militar del imperialismo yanqui en los Estados de la región. En los últimos años se observa una evidente intensificación del influjo del Pentágono sobre las ideas políticas de la jefatura de las fuerzas armadas en la mayoría de los países latinoamericanos y una singular integración político-militar basada en las amplias medidas tomadas por EE.UU. para la estandardización de los armamentos y la unificación en el adiestramiento de los militares latinoamericanos según el molde de las fuerzas armadas estadounidenses. La instrucción de las fuerzas armadas en los países del continente (salvo raras exclusiones) se lleva a cabo en conformidad con los reglamentos y prescripciones del ejército de EE.UU. y los cuadros de oficiales reciben entrenamiento en Esados Unidos. Si se excluye a Paraguay, donde se encuentra una misión militar argentina, en los países de la OEA trabajan sólo misiones militares yanquis. Los EE.UU. se han transformado en el suministrador principal de material y equipos de guerra para los países del continente; implantan en los círculos militares latinoamericanos las ideas políticas que les son más convenientes, utilizando para ello los medios y canales más diversos. En este sentido la política militar aparece también como parte de la política general neocolonialista yanqui en la 184 región latinoamericana. Especial significado reviste para el Pentágono ampliar su cooperación militar con Brasil, considerándolo “socio menor" del imperialismo.
Notes
[179•5] Véase K. Tarásov. América Latina. Moscú, 1972, p. 85.