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p A finales de la década del 60 y comienzos de los años 70 uno de los problemas centrales en las relaciones entre EE.UU. y los países de América Latina pasó a ser el de la nacionalización de las propiedades de las compañías extranjeras. En las naciones grandes, medianas e incluso pequeñas del continente pasaban a manos del Estado los equipos de las explotaciones petroleras, de las minas de cobre y de las plantaciones bananeras. Los gobiernos de las repúblicas latinoamericanas se negaban a pagar a las compañías la compensación que éstas exigían (como regla, mayor que el valor real de los bienes). El conflicto que así surgía se transformaba en tema de negociaciones intergubernamentales que con frecuencia derivaban en una seria agravación de las relaciones entre las partes interesadas.

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p La nacionalización en sí es un hecho con consecuencias múltiples. El Estado que nacionaliza, en caso de no acceder a la compensación, obtiene gran ventaja financiera. El crecimiento del sector estatal y su ampliación pueden constituir un importante factor de progreso. La nacionalización moviliza a las fuerzas progresistas, contribuye al ascenso de la lucha antimperialista y afianza las tendencias democráticas.

p Muchas repúblicas latinoamericanas se esforzaron por reducir el dominio de las corporaciones internacionales en sus economías. Sin embargo, después de la nacionalización, el desarrollo ulterior quedaba determinado por múltiples factores, entre los cuales lugar singular ocupan las posiciones del imperialismo, el grado de presión por parte de los monopolios transnacionales y las acciones que emprende el gobierno del país en donde reside la casa matriz.

p El problema de la nacionalización tuvo significado de primer orden para la definición de toda la política latinoamericana de EE.UU. De la solución de esa cuestión dependía el carácter de las relaciones mutuas entre Washington y las repúblicas del continente, el grado de “moderación” o de “rigidez” de las mismas, la orientación estratégica y la elección de los recursos tácticos.

p En las esferas gobernantes de EE.UU., la nacionalización, más aún la expropiación, era considerada como una acción ilegal, violadora de las normas del Derecho Internacional y, por eso, merecedora de la aplicación de sanciones económicas, políticas e incluso militares contra el país culpable de la alteración del “orden”. La constante contraposición del papel del capital privado a la potencialidad del Estado en el mundo en desarrollo representa uno de los lugares más comunes en las intervenciones de los políticos y en las obras de los publicistas y científicos norteamericanos. Esta tendencia determinó la estrategia general de la administración republicana, consistente en prestar ayuda al sector privado en los países en desarrollo, así como en estimular por todos los medios y defender a los inversionistas estadounidenses en el exterior.

p Las declaraciones de Washington en los casos de expropiación de bienes de las compañías yanquis se distinguían por su tradicional dureza. En enero de 1972 el Presidente Nixon formuló ocho cláusulas represivas, advirtiendo a los países que nacionalizan bienes de las corporaciones de EE.UU. y no aseguran una “compensación rápida, adecuada y 152 eficiente" que les será cortada la ayuda norteamericana, concedida en el marco de los programas económicos bilaterales, así como a través de los bancos mundiales y otros organismos financieros  [152•29 .

p Como ya se ha indicado, la actitud agresiva de Washington respecto a Chile durante el período del gobierno de la Unidad Popular se debió en mucho a la decisión del gobierno de Allende de nacionalizar las propiedades de una serie de compañías yanquis. La tensión en las relaciones de EE.UU. con el gobierno militar del Perú durante seis años estuvo estrechamente ligada con la cuestión del pago de las compensaciones por los bienes de la International Petroleum Company, nacionalizados en 1968. La restricción de la actividad de las corporaciones norteamericanas en Argentina provocó un notable enfriamiento de las relaciones entre ambos países. El gobierno de EE.UU. reaccionó ante la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela con una serie de severas declaraciones  [152•30 . En el Congreso se debatió la posibilidad de enviar tropas a Venezuela a fin de ocupar las explotaciones de petróleo  [152•31 .

p La política “desde posiciones de fuerza" combinaba con otra tendencia que tomaba en cuenta las nuevas condiciones del avance de la lucha antimperialista en los países de la región, la distensión internacional, así como los cambios en la división internacional del trabajo entre los “centros” desarrollados y las “periferias” atrasadas del mundo capitalista.

p La industrialización y la revolución científico-técnica crearon las premisas para una “modernización neocolonial" de los países de América Latina. Conservando una posición dominante en sus economías, las corporaciones internacionales trasladan aquí algunas ramas de la producción industrial con gran consumo de mano de obra, materiales, energía y las que contaminan el medio ambiente. A la vez, el imperialismo conserva el monopolio sobre los alcances técnicos y su superioridad en tecnología moderna.

p Se produce una especie de “renovación” de los fundamentos según los cuales las naciones latinoamericanas se hallan incorporadas a la economía capitalista mundial, arrojando 153 como consecuencia el surgimiento de un esquema modernizado de división neocolonial del trabajo. Por su parte, los círculos dirigentes y la burguesía local procuran mejoras en las condiciones de su desigual asociación con el imperialismo.

p En este contexto el problema de la nacionalización de los bienes de las compañías foráneas ocupó lugar especial. La práctica ha mostrado que una reacción de tipo tradicional, es decir, de índole represiva no siempre permite, en casos semejantes, a EE.UU. alcanzar sus objetivos en la región.

p En el marco de la “dependencia modernizada" se hicieron intensos esfuerzos por encontrar las bases de un nuevo compromiso entre las esferas gobernantes de ambas Américas. Algunos grupos de la clase dominante de EE.UU. reaccionaron a su manera frente a esta necesidad, buscando cada uno de ellos la forma adecuada (desde el punto de vista de sus intereses y orientación propios) para la cooperación con los socios latinoamericanos.

p El capital monopolista norteamericano se reorientó a la “estrategia de adaptación”. La diversidad de condiciones de inversión en diferentes países exigían de los inversionistas una mayor flexibilidad. Los representantes de los consorcios desarrollaban una línea activa para robustecer las relaciones con los círculos de negocios locales. Se fundaban empresas conjuntas. Las grandes firmas estadounidenses residentes, en particular, en Brasil vendían decenas de miles de acciones a compradores locales. Las compañías mixtas que se establecían, estaban destinadas a enmascarar el control de EE.UU. sobre muchas empresas nacionales de los países del continente y, al mismo tiempo, ensanchar la esfera de influencia norteamericana en sus economías.

p El mejoramiento de la “imagen” del capital foráneo en América Latina se hacía siguiendo varias direcciones: desde la participación en compañías mixtas, en las que el paquete de control pertenecía al capital nacional o al Estado, hasta el desempeño de las llamadas funciones sociales. Este enfoque coincidía con las exigencias de los círculos gobernantes latinoamericanos orientados a un ulterior desarrollo del capitalismo en sus países. Los inversionistas extranjeros debían observar las siguientes condiciones: alianza con los empresarios locales, restricción de las remesas de utilidades, mejoramiento de la estructura tecnológica y del manejo de la producción, cooperación al desarrollo industrial del país en que operaban. Al empresario foráneo se le exigía un 154 “nuevo modelo de conducta corporativa”, “adaptación a las condiciones locales"  [154•32 .

p Pese a las incesantes quejas sobre la falta en la mayoría de los países latinoamericanos de un clima favorable para la inversión, pese a la ola de nacionalizaciones y a la poca disposición de los gobiernos de algunos países de pagar los bienes expropiados a través de una “compensación equitativa y oportuna”, a finales de 1964 el monto de las inversiones estadounidenses en América Latina había llegado a 19.600 millones de dólares. El capital yanqui (a veces, incluso, la misma compañía cuyos bienes pasaron a propiedad del Estado), al ser desplazado de un sector, penetraba en otros sectores (en algunos casos, en otros campos del mismo sector) o en otras zonas.

p A ritmo especialmente intenso crecía la actividad de las corporaciones transnacionales; ello significaba una intensificación de la penetración del capital yanqui en América Latina, por cuanto las firmas residentes en EE.UU. dominan en el negocio transnacional del mundo capitalista. Con la expansión del capital extranjero en la economía latinoamericana crecía la dependencia de las naciones del continente respecto a los centros foráneos, en primer lugar, respecto a Estados Unidos.

p La actividad de las corporaciones internacionales en la región se veía obstaculizada por la tendencia sumamente difundida a intensificar la regulación por el Estado y a ampliar el sector estatal de la economía. En particular, el proceso de recuperación de las riquezas naturales se extendió a muchos países del continente y significó para las corporaciones internacionales la pérdida de importantes posiciones. Sin embargo, el proceso de nacionalización afectaba tan sólo la rama extractiva, la energética y la infraestructura. Los monopolios “modernizados”, vinculados a las ramas más dinámicas, más avanzadas de la producción, nada perdían con la nacionalización de los yacimientos de mineral de hierro o de los pozos de petróleo. Por eso, a pesar del golpe que sufrieron algunas compañías norteamericanas, el monto de la inversión yanqui en América Latina siguió creciendo.

p Los monopolios internacionales tomaban en consideración los importantes cambios socioeconómicos que se producían en los países del continente. Operando en condiciones en que 155 la legislación local exigía que participaran en empresas mixtas, las corporaciones estaban interesadas en tener un socio local modernizado, estable y promisorio. Estas consideraciones tendieron a desarrollar los contactos entre el gran negocio internacional y el sector estatal de los países latinoamericanos, a establecer una “nueva participación”. Diferentes formas de ésta surgieron en las industrias petrolera, minera y en las ramas más importantes de la manufactura de Brasil, México, Perú y Colombia, entre otros países. El imperialismo también calculaba encontrar en las capas que manejan la propiedad estatal el necesario elemento del nuevo sistema de dependencia de estas naciones. De esta manera, el capital monopolista norteamericano elaboraba en la práctica una estrategia propia, concorde con los cambios en la economía y política mundiales.

p Búsquedas análogas de nuevos enfoques tenían lugar también en el plano ideológico y en las relaciones internacionales y las efectuaban otros grupos de la clase dirigente.

p Si 10 ó 15 años atrás la propaganda del business norteamericano en tanto que símbolo del progreso material y social era lugar común en los impresos científicos y publicísticos de EE. U U., ya hoy las apreciaciones empezaron a ser más cuidadosas y menos exaltadas.

p La desilusión respecto al papel tradicionalmente asignado al capital privado estadounidense que opera en América Latina, se extendió a algunos círculos universitarios, a representantes de los medios de información en masa y hasta a miembros del Congreso. Los aspectos políticos y sicológicos de la actividad de las corporaciones en el exterior se hicieron objeto de acalorados debates y, más tarde, de agudas críticas. Fueron puestas en duda la potencia creadora de la empresa privada y el papel que durante decenios se le asignaba a las corporaciones en la “transformación” y “modernización” de los países en desarrollo. La reiterada revisión de valores conducía a algunos representantes de los círculos gobernantes de EE.UU. a la siguiente conclusión: “Y sin embargo, dígase lo que se diga acerca de los méritos de algunas empresas norteamericanas en América Latina y sobre su contribución al “desarrollo”, en una perspectiva a largo plazo la inversión privada extranjera no responde a las necesidades de esas naciones"  [155•33 .

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p Algunos autores estadounidenses señalaron que la “saturación” de los países latinoamericanos con nuevos modelos Ford y Volkswagen, ensamblados en las líneas de las filiales brasileñas, pertenecientes a las poderosas compañías de automóviles; la implantación en América Latina de los estandards de la “sociedad de consumo”, no responden en modo alguno a los intereses de esta región, sino que sólo a los de los monopolios.

p Pese a la concepción predominante en EE.UU. durante la década del 60, en las publicaciones iba tomando relieve el punto de vista de que la incorporación del capital extranjero a las entrañas estructurales de los países en desarrollo de América Latina no contribuye al desenvolvimiento “normal” del capitalismo, sino que, precisamente, lo deforma, lo distorsiona, y obstaculiza la formación de los componentes indispensables de la sociedad burguesa. A comienzos de los años 70 aparecieron apreciaciones que parecían imposibles en el decenio anterior: “En vez de ser una fuerza propulsora del desarrollo, la penetración extranjera ha creado el subdesarrollo"  [156•34 .

p Las esperanzas de los liberales de que la actividad de los monopolios conduzca a una radical transformación de las estructuras socioeconómicas tradicionales y a la democratización de la vida política no se confirmaron. La experiencia mostró ostensiblemente que el gran negocio requiere, ante todo, un clima de estabilidad social y política, se opone a cualquier cambio y orienta sus actividades, más que nada hacia las regiones en las que dominan regímenes “duros”. Los catedráticos liberales pudieron cerciorarse, a través de la experiencia misma, que en las nuevas condiciones “las inversiones privadas norteamericanas crean más problemas políticos, que los que resuelven"  [156•35 .

p Por eso se le recomendaba al gobierno “encontrar una solución general que satisfaga a todas las partes”, no aceptar las demandas de la compañía afectada como si fueran propias y no defenderlas “hasta la última gota de sangre"  [156•36 .

p Representantes de diversas tendencias exigían “una 157 correcta interpretación" de las relaciones entre EE.UU. y América Latina y no dejar este asunto en manos de los inversionistas, por cuanto sus intereses no pueden ofrecer una “base para el entendimiento”; “Estados Unidos durante muchos años permitieron que sus intereses estuvieran a la rastra de los del “business”, y los resultados no llenaron una página gloriosa en la historia de EE.UU.”  [157•37 : tales eran las manifestaciones que reflejaban una actitud crítica que no podía dejarse de lado en las ulteriores contiendas preelectorales y demás pugnas políticas internas.

p La postura que adoptaron múltiples representantes de los medios universitarios, órganos de información masiva y organismos legislativos se explicaba, en definitiva, por el mismo afán de mejorar la “imagen” de la empresa privada yanqui ante la opinión pública, tanto de los países latinoamericanos como de los mismos Estados Unidos, y de encontrar la fórmula para un compromiso aceptable entre las esferas gobernantes de ambas Américas. Sin embargo, las diferencias en la ubicación económica, en la orientación política y la ideología de algunas fracciones de la clase dirigente de EE.UU. predeterminaron el enfoque diversificado de los problemas de la región y las constantes divergencias respecto al rumbo de la política en América Latina. Los enfrentamientos entre los organismos del poder legislativo y del ejecutivo adquirían muchas veces formas muy agudas y provocaban conflictos abiertos entre el gobierno y el Congreso, así como dentro del Senado y de la Cámara de Representantes.

p El activo apoyo que la administración republicana prestaba a las corporaciones que operaban en el extranjero provocó la acción contraria del Congreso, donde continuamente resonaron objeciones contra las garantías gubernamentales a los “businessmen” que invertían capitales en el exterior, por cuanto “no hay nada parecido" para estimular el desarrollo económico dentro de EE.UU.

p Los partidarios de la política oficial, por el contrario, subrayaban la necesidad de incrementar las exportaciones de capital privado al exterior a fin de mejorar la balanza de pagos. Especialmente múltiples fueron las objeciones que provocaron los intentos de aplicar la enmienda Hickenlooper en “defensa de los intereses norteamericanos privados”, es decir, de interrumpir la ayuda al desarrollo de los 158 países que “cometan faltas”. Desde el punto de vista de los adversarios de esta cláusula de la legislación estadounidense, la aplicación de la enmienda Hickenlooper podía tener consecuencias políticas demasiado graves y acarrear perjuicios irreparables al prestigio de Washington no sólo en América Latina, sino también en todo el mundo. Semejante actitud, claro está, no significaba una renuncia a la aplicación de otras medidas de presión económica: restricciones del crédito exterior e interno, interrupción del flujo de capitales o reducción de las posibilidades de obtener empréstitos del exterior, incluyendo EE.UU.  [158•38 . Todo este programa, prácticamente, fue aplicado contra el gobierno de la Unidad Popular. En situaciones críticas, la clase dirigente de EE.UU. intervenía adoptando una posición única en los aspectos cardinales del rumbo en América Latina. No obstante, las divergencias en las esferas gobernantes de EE.UU. continuaban y no se limitaban a los enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo.

p Por último, otro aspecto bastante importante influía en la posición de Washington: el financiero. Se trata de que, al no ser compensados los bienes nacionalizados por el gobierno de un país, la carga del pago (en todo caso, su mayor parte) recaía sobre el presupuesto federal. En conformidad con los acuerdos de garantía vigentes, el gobierno de EE.UU. se vio obligado (como sucedió, por ejemplo, en el caso de la International Telephone and Telegraph Co. en Chile) a tomar la responsabilidad de satisfacer las demandas de los inversionistas “afectados” por la nacionalización.

p Mientras en el Senado y en la Cámara de Representantes no cesaba la crítica a los programas de garantía a los inversionistas privados por considerarse un despilfarro injustificable de recursos del Estado y un abuso de la confianza de los contribuyentes, las corporaciones consideraban que el monto de los seguros era muy escaso. Entre el gobierno de EE.UU. y las filiales yanquis que operaban en América Latina surgían desavenencias en orden a los pagos que debían hacerse a través de la Corporación estatal de inversiones extranjeras, como sucedió con la International Telephone and Telegraph Co., cuyos bienes fueron nacionalizados en 1971 en Chile por el gobierno de la Unidad Popular. La corporación podía otorgar a la ITT una suma relativamente pequeña, 159 mucho menor que la reclamada por la dirección de la compañía.

p A pesar de que el gobierno intervenía, en lo esencial, en calidad de abogado de las corporaciones internacionales y supeditaba sus relaciones con los países latinoamericanos a la actitud que éstos adoptaban respecto a los inversionistas estadounidenses, los intereses de los monopolios entraban muchas veces en contradicción con las medidas políticas y jurídicas de la administración yanqui.

p Cuando a comienzos de los años 70 empezó a cobrar cada vez mayor apoyo en el continente el movimiento por restablecer las relaciones económicas y diplomáticas con Cuba y por anular las respectivas decisiones de la OEA aprobadas en 1974, el afán de lucro de las corporaciones transnacionales resultó más fuerte que la intención política.

p Precisamente sobre esa base surgió un conflicto vinculado a la venta de automóviles a Cuba por parte de Argentina. A finales de 1973 entre los dos países se realizaron negociaciones sobre la concesión de un crédito a Cuba para la compra de automotores en Argentina. Sin embargo, las subsidiarias de las compañías estadounidenses que operaban en Argentina (Ford, General Motors y Chrvsler), atadas por la ley de embargo al comercio con Cuba, no podían concertar los contratos correspondientes. Durante la Conferencia de ministros de relaciones exteriores de Tlatelolco, en febrero de 1974, por intermedio de la cancillería argentina, fue planteada la cuestión sobre las exportaciones a Cuba de 60 mil automóviles. En esa ocasión el Departamento de Estado no dio respuesta concisa, pero varios meses después el gobierno de EE.UU. se vio obligado a permitir la venta de automotores de Argentina a Cuba.

p Por lo tanto, las corporaciones transnacionales, a través de sus subsidiarias, mantenían una política más “flexible”, lo que concedía mayores posibilidades de maniobra a los gobiernos latinoamericanos. En determinadas condiciones, la situación concreta ejercía positiva influencia sobre el clima político y económico general del hemisferio.

p Las divergencias en las esferas gobernantes de EE.UU. incidían sobremanera en la actitud de Washington respecto a los casos de nacionalización de bienes extranjeros, lo mismo que la consideración de factores condicionados por la situación internacional, por el estado de las relaciones con uno u otro país latinoamericano, su orientación 160 socioeconómica y política, la posición y el peso de las corporaciones cuyos bienes fueron nacionalizados.

p Los intereses contradictorios agravaban la lucha política interna en EE.UU. y acrecentaban la tensión internacional en el hemisferio. En esta situación, la administración republicana y, más tarde, la demócrata, aplicando la “estrategia de adaptación" a nivel de las relaciones intergubernamentales, prometía a América Latina una “política nueva, constructiva, de buena vecindad" y de no injerencia en los asuntos internos, un “nuevo espíritu" en las relaciones interamericanas. Las medidas que proponía EE.UU. para reconciliar a las partes, sin embargo, no podían eliminar las bases del conflicto, por cuanto el mecanismo de la explotación imperialista misma condiciona el carácter irreconciliable de los intereses de los monopolios y los de los países de la región.

p Graves divergencias surgieron en torno al “Código de conducta" de los monopolios internacionales, cuyos fundamentos básicos fueron aprobados’por los representantes de las naciones latinoamericanas en enero de 1975. Aunque los EE.UU. manifestaran su disposición a mantener negociaciones sobre este aspecto, en el enfoque de las partes se hicieron patentes contradicciones, que hacían sumamente difícil elaborar una plataforma común. Mientras los Estados latinoamericanos subrayaban el carácter global de los problemas vinculados a las corporaciones internacionales, los EE.UU. procuraban restringir las conversaciones tratando solamente los asuntos del hemisferio occidental. Las repúblicas del continente insistían en que las divergencias revisten no sólo carácter económico, sino también político; Washington, en cambio, procuraba limitar la discusión al marco de la economía. Por último, los países de América Latina proponían conseguir un arreglo en las relaciones en base a la subordinación de las corporaciones .a la soberanía del país en que operan y a las “normas de conducta”, cuyo cumplimiento debía ser garantizado por el país de procedencia; Estados Unidos, por su parte, resaltaban la “limitación” de las posibilidades del gobierno para influir sobre las corporaciones internacionales.

p En los debates en torno al “Código de conducta" se reveló el antagonismo entre los intereses de los países latinoamericanos, que procuran la restructuración de las relaciones económicas internacionales y la restricción del poder económico y político de los monopolios, y los intereses de 161 EE.UU., que abogan por “mejorar el clima inversionista" en los países en desarrollo  [161•39 .

p Washington sigue sustentando la tesis de que las corporaciones transnacionales son “importante instrumento del desarrollo" y declara su “abierto apoyo a las inversiones internacionales"  [161•40 .

El problema de la nacionalización de la propiedad extranjera se halla indisolublemente ligado a la evolución socioeconómica de los países latinoamericanos. En las condiciones actuales ante las naciones del área, especialmente gracias a la distensión, surgen posibilidades reales para impulsar una lucha más decidida por la defensa de sus riquezas naturales, por diversificar las relaciones políticas y económicas exteriores e intensificar su actividad en la arena internacional.