p En 1976, después de un intervalo de ocho años, el candidato del partido demócrata venció en las elecciones. Presidente de EE.UU. pasó a ser James Cárter. Las primeras declaraciones de la nueva administración evidenciaron una atención especial hacia las cuestiones de la política latinoamericana. El primer jefe de gobierno de otro país recibido en la Casa Blanca fue el presidente de México, López Portillo. Se hicieron más frecuentes los intercambios de visitas, viajes y encuentros entre funcionarios oficiales superiores de EE.UU. y de las naciones del continente. Durante 1977 el Presidente Cárter suscribió la Convención sobre los Derechos Humanos, aprobada por la OEA en 1969, así como el Protocolo JVe 1 del Tratado de Tlatelolco sobre la conversión de América Latina en zona desnuclearizada.

p En setiembre de 1977 entre Panamá y EE.UU. fue concertado un nuevo tratado que prevé el cese de la presencia estadounidense y la transferencia del Canal Interoceánico a control panameño después del año 2000. Aunque la lucha por la descolonización no quedó terminada, ya que Washington obtuvo el derecho de actuar unilateralmente a fin de asegurar la neutralidad del canal después del año 2000, el pueblo panameño y las fuerzas progresistas alcanzaron una victoria de volumen.

p En la política latinoamericana del gobierno yanqui, los elementos de continuismo combinaban tradicionalmente con 162 algunas innovaciones. Recibió nuevo impulso la tendencia hacia la profundización de las relaciones bilaterales entre EE.UU. y las repúblicas de la región. El Presidente Cárter subrayó que “una política única de EE.UU. respecto a América Latina y el Caribe no tiene sentido" y que los EE.UU. “tendrán en cuenta la variedad y el potencial de cada nación"  [162•41 . En las intervenciones de otros representantes del gobierno también se hacía hincapié constantemente en la diversidad del hemisferio occidental y en las diferencias que existen entre los Estados americanos  [162•42 .

p Aplicando el “enfoque diferenciador" elaborado por la administración republicana, el gobierno demócrata buscaba asegurar los intereses económicos y políticos de Estados Unidos a través del estímulo selectivo a sus socios. En la escala de prioridades políticas pasaron a ocupar un importante puesto los países del Caribe.

p Elemento sustancial de la política latinoamericana después de la llegada de Cárter a la Casa Blanca pasó a ser la campaña en pro de los “derechos humanos”, cuyo aspecto propagandístico se encontraba en evidente contradicción con la política del partido republicano.

p La campaña en pro de los “derechos humanos" en América Latina fue elevada por la administración Cárter al rango de política oficial. Durante su campaña preelectoral, el candidato a presidente por el Partido Demócrata prometió a los electores “restaurar los criterios morales" de la política interior y exterior norteamericana. El daño causado al “establishment” por el escándalo de Watergatte, la derrota en Vietnam, la desilusión de amplias capas sociales en cuanto a los “valores tradicionales" provocaron una “crisis de autoridad" que los círculos gobernantes de EE.UU. no podían menospreciar. Washington se esforzaba también por restablecer su prestigio en los países en desarrollo mediante la campaña en pro de los “derechos humanos" y justificar su pretensión de “líder” de la democracia universal.

p La administración Cárter emprendió pasos que significaban el intento de hallar una nueva alternativa a las dictaduras militares y civiles instauradas en varios países, la mayoría de las veces con ayuda directa de Washington. En el Congreso se debatió la cuestión sobre el cese de la ayuda 163 económica a las dictaduras represivas, hn la prensa se censuraban los actos de los organismos de política exterior de EE.UU. que implantaban y apoyaban en América Latina a regímenes fascistas y fascistizantes.

p El curso latinoamericano de la administración demócrata reveló su carácter contradictorio sin alcanzar a dar resultados prácticos. En las relaciones de EE.UU. con una serie de países se produjo un enfriamiento. Algunos regímenes de derecha acusaron a Washington de entrometerse en sus asuntos internos.

p No sólo los aliados latinoamericanos expresaban su disconformidad. En los medios gobernantes de EE.UU. no había una postura única sobre las cuestiones de la política latinoamericana. Las corporaciones internacionales temían un auge del movimiento democrático en los países del continente al no haber garantías para los intereses de los inversionistas extranjeros. Los bancos mundiales más importantes también se manifestaban en favor de los gobiernos militares. Las transnacionales y los centros financieros utilizaron poderosos resortes políticos, en particular, los lohbies en el Congreso de EE.UU.. a fin de oponerse a los liberales que apoyaban a la nueva administración.

p En las dependencias gubernamentales, en el Pentágono y en el Departamento de Estado también había no pocos adversarios de las maniobras de Cárter en pro de los “derechos”. Altos funcionarios expresaban sus dudas acerca de la conveniencia de reducir la ayuda militar. Provocaba temores también la posibilidad real de que algunos países latinoamericanos acudieran a otros mercados de armamento en Europa. En el Departamento de Estado se discutía acaloradamente sobre los rumbos de la política en América Latina.

p Consideraciones diversas y la presión de diferentes grupos imprimían a la política del gobierno demócrata sus rasgos pragmáticos tradicionales. En la práctica, la orientación a la alianza con las dictaduras militares y civiles siguió predominando. Continuó la cooperación con los regímenes reaccionarios que siguieron recibiendo ayuda económica.

p En las declaraciones oficiales se empezó a remarcar insistentemente que el problema de los derechos humanos en el hemisferio occidental es una cuestión “sumamente compleja" a la que “hay que encarar con el mayor cuidado"  [163•43 . Por 164 eso el cese o incluso la reducción considerable de los programas de ayuda estadounidenses para fines “de seguridad en América Latina" no es deseable y que “se debe seguir prestante una ayuda moderada"  [164•44 . Las declaraciones en pro de los “derechos humanos" no impidieron a la Cámara de Representantes restablecer las asignaciones de ayuda militar a Nicaragua, cuyo gobernante desde hace muchos años y uno de los más feroces dictadores de América Central. Somoza, mantenía “excelentes contactos con el Congreso de EE.UU. y vínculos bien estructurados con los militares estadounidenses y las fuerzas de seguridad"  [164•45 .

p En las esferas gobernantes de Estados Unidos provocaba especial inquietud la posición “intransigente” de Brasil. El tamaño del país, su numerosa población, el potencial económico y militar del aliado más grande de EE.UU. en América Latina obligó a la administración Cárter, en abierta contradicción con sus propias declaraciones, a tomar medidas para mejorar las relaciones con el gobierno brasileño. Fueron aprobados los suministros a Brasil de combustible nuclear para el reactor construido en EE.UU. a pesar de que desde 1975 Washington se manifestaba contra la venta de equipo germanoccidental para las centrales atómicas brasileñas, dado el peligro de una ulterior proliferación del arma nuclear.

Muchos observadores consideraron que el hincapié que hacía el gobierno demócrata en los problemas políticos de la región fue motivado por el deseo de eludir la solución de acuciantes problemas económicos existentes desde hace mucho en las relaciones entre EE.UU. y los países de América Latina. Al igual que sus predecesores, Cárter prometió resolver las dificultades que enfrentaban desde hace mucho las repúblicas latinoamericanas: facilitar el acceso de productos terminados a los mercados de Estados Unidos, mejorar los términos del intercambio, imprimir mayor “flexibilidad” a la actividad de las compañías extranjeras y contribuir a la “cooperación al desarrollo”. Sin embargo, estas promesas no pueden eliminar las contradicciones originadas por el sistema de la explotación imperialista. La realidad de la política imperialista sigue siendo el avasallamiento económico, la explotación de los recursos naturales y humanos y la lucha contra las fuerzas progresistas.