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p A comienzos de los años 70 las particularidades del desarrollo socioeconómico y político de los países latinoamericanos, así como la tendencia a la cooperación entre los Estados de la región plantearon nuevos problemas a EE.UU.

p Hasta hace poco, altos funcionarios de las dependencias de política exterior y destacados representantes de los círculos académicos al servicio de los monopolios y que ejercían visible influencia en la formación de la estrategia en América Latina argumentaban que era imposible aplicar en el continente “20 políticas separadas" (en correspondencia con el número de países miembros de la OEA a mediados de los años 60). Se tendía a subrayar no tanto las diferencias cuanto los rasgos comunes de las repúblicas latinoamericanas, y Washington no concedía lugar especial a la elaboración de un enfoque diferencial respecto a estos países. Eran tomadas en cuenta aquellas particularidades que permitían considerar al continente como un todo único, abordar la solución de los problemas latinoamericanos desde posiciones comunes a todas las naciones y no hacer distinciones cualitativas especiales entre Brasil, gigante industrial en rápido crecimiento con más de 100 millones de habitantes, y la pequeña Haití con cultos primitivos y sin industria alguna. La multiplicidad de condiciones en el continente y lo específico de unos u otros países y subregiones no se tomaban en cuenta (por lo menos, no se proclamaban abiertamente).

p Claro está, semejante enfoque no impedía en lo más mínimo aplicar la política tradicional de “divide y vencerás”. 143 La tendencia hacia la orientación bilateral “siempre fue un elemento importante en la diplomacia norteamericana y nunca fue dada de menos"  [143•11 .

p A finales de los años 60 y comienzos de la década del 70 en América Latina apareció un grupo de Estados de orientación progresista, cuya política interna y exterior se orientó a transformar la estructura socioeconómica que en uno u otro grado significaba un rumbo hacia la ruptura con la dependencia respecto a EE.UU. Medidas de esa índole fueron elaboradas y aplicadas en Chile (1970-1973), en Perú (desde 1968), en Panamá (desde 1969), en Bolivia (1971-1972).

p El cambio de la situación en América Latina obligó a Washington a introducir algunas correcciones en su postura. Los círculos dirigentes de EE.UU. intensificaron la búsqueda de nuevos enfoques para estructurar su política latinoamericana.

p En el Congreso, en las dependencias estatales y universidades se discutía animadamente la cuestión de la diversidad de los países latinoamericanos. Los políticos y científicos expresaban la opinión de que “la diversidad entre las naciones del Sur es significativa y va creciendo. Estas diferencias harán frustrar cualquier esfuerzo tendiente a implementar una política general para el área entera"  [143•12 .

p La inconsistencia de la estrategia anterior, basada en el enfoque único, pareció evidente. El gobierno de EE.UU., que no sabía o no quería tomar en cuenta en la práctica la política de diversidad de los países del continente, recibió no pocas observaciones críticas. En los trabajos impresos se afirmaba que, “desde la doctrina Monroe hasta la doctrina Johnson" Washington desarrollaba una política única, continental que “estaba muy alejada" de los “intereses nacionales de EE.UU.”

p Los debates en las publicaciones, sin embargo, reflejaban solamente los pasos prácticos que ya habían dado las dependencias gubernamentales y organismos estatales. Tomando en consideración la nueva realidad, los EE.UU. debieron formular una “escala diferencial" para sus relaciones con distintos 144 países del continente. “24 —y más tarde— 26 políticas latinoamericanas" fueron la expresión de la reapreciación de valores de turno.

p A mediados de los años 70 la invariable apelación a la diversidad de los países del continente y a la necesidad de relaciones especiales con cada uno se transformó en lugar común de los discursos oficiales. “Cada país latinoamericano no se parece a otro”; “practicaremos una política acorde con los diversos intereses nacionales de nuestros amigos en el hemisferio occidental"  [144•13 ; “no existe fórmula única" para establecer relaciones fructíferas entre las dos Américas  [144•14 ; “no existe solución única a los problemas de las Américas ni slogan que encuadre toda la variedad de nuestras relaciones y objetivos"  [144•15 ; “continuaremos realizando un esfuerzo especial para fortalecer nuestros vínculos bilaterales con cada Estado americano"  [144•16 : así se declaraba la “política de muchas Américas”.

p Rasgo inalienable de este rumbo fue la tendencia a minar la unidad de las naciones latinoamericanas, contraponer un grupo de países a otro, sembrar la discordia entre los “socios” de EE.UU. Los últimos años, en las etapas más diversas del desarrollo de las relaciones interamericanas, se acumularon muchos ejemplos de esta política escisionista.

p En la primera mitad de la década del 70 los EE.UU. aplicaron nítidamente en América Latina la política del “aliado preferido”. Según señalaba un autor estadounidense, esta política consistía en estimular las ambiciones de los Estados “predilectos”, en azuzar a los grandes países contra las naciones medias y pequeñas, a las naciones “ideológicamente aceptables" contra las “no aceptables”, etc.  [144•17 .

p Naturalmente, el pasaje a un rumbo diferenciador no significó que en el continente se aplicaran literalmente “26 políticas latinoamericanas”. Sin embargo, con todo fundamento se puede hablar de una tendencia a resaltar las relaciones bilaterales como el curso principal de la política de EE.UU. en la región. En la situación de favorito principal 145 de Estados Unidos apareció Brasil. El clima creado por su gobierno condujo a un boom de la inversión extranjera, especialmente yanqui. Como regla, Brasil apoyaba a EE.UU. en la palestra internacional y manifestaba completo acuerdo con Washington sobre diferentes cuestiones mundiales. Este subrayaba repetidas veces los “leales contactos" existentes entre EE.UU. y Brasil. En diciembre de 1971 el Presidente Nixon, al declarar durante la visita del Presidente Garrastazú Médici a EE.UU. que donde vaya Brasil irán todos los países de América Latina, proclamó con ello, oficialmente, que Washington concede a este país un papel hegemónico en el continente. El grueso de la ayuda económica de EE.UU. también fue recibido por el Brasil.

p Los investigadores soviéticos consideran que la ampliación de la cooperación económica y militar con Brasil reviste para Estados Unidos una importancia exclusiva en el logro de sus objetivos de política exterior. El ritmo relativamente alto de crecimiento económico de los últimos años, sus recursos humanos y naturales atraen a este país a los monopolios internacionales. La alianza política y militar con los círculos gobernantes de Brasil era considerada en Washington como el punto de apoyo de su estrategia latinoamericana.

p La política de “favoritismo selectivo" se expresó a plenitud en febrero de 1976 durante el viaje del Secretario de Estado H. Kissinger por los países de América Latina. Subrayando “el importante papel político y económico" que este país desempeña en América Latina  [145•18 , Kissinger declaró que “el destino de Brasil es entrar al club de los ricos"  [145•19 . La política del “favoritismo selectivo" suponía una elevación del nivel de Brasil en la jerarquía de los aliados de EE.UU.

p La posición de EE.UU. respecto a México se elaboró tomando en cuenta factores “especiales”: la proximidad geográfica y la estrecha alianza socioeconómica de los círculos dirigentes de ambos países, basada en la asociación de la burguesía mexicana con los monopolios estadounidenses. Apoyándose en las fuerzas de la reacción interna, Washington se esforzó por frenar las tendencias “indeseables” en la política exterior de México que se manifestaron en acciones 146 como la ruptura con la junta fascista de Chile y en la política de “puertas abiertas" para los refugiados de los países en los que se afirmaron regímenes reaccionarios, en el ensanchamiento de las relaciones económicas con los países socialistas, en las intervenciones contra el sionismo en los organismos internacionales y en la actividad en los países en desarrollo.

p Las repúblicas con sistemas políticos representativos eran consideradas por Washington como un modelo particular. Por ejemplo, se subrayaban las tradiciones democráticas en Costa Rica y la existencia de “valores comunes" que crean el fundamento para la cooperación política de este país con EE.UU. a pesar de la “diferencia en el tamaño"  [146•20 . A la vez, el respeto a las normas constitucionales en Venezuela en modo alguno sirvió de obstáculo para que EE.UU. se esforzara por crear un clima de aislamiento para dicho país en el continente donde predominaban los regímenes militares. Los elementos de la política dura se manifestaron visiblemente en relación con las restricciones impuestas a la actividad de las corporaciones transnacionales, a la recuperación de las riquezas naturales y a la intensificación de la política de Venezuela en los países en desarrollo. La misma “diferenciación” se practicaba también en la zona del Caribe. El Departamento de Estado se refería a Barbados como “al mejor amigo de EE.UU. en la cuenca del Caribe"  [146•21  a la vez que tomada medidas para “desestabilizar” al gobierno de Guyana.

p Washington manifestó creciente inquietud ante el rumbo progresista proclamado por el gobierno de Jamaica. La actitud negativa de EE.UU. hacia este país se expresó, en particular, en el rechazo a concederle apoyo financiero.

p La orientación del rumbo diferenciador se hizo patente en la posición que Washington adoptó respecto a los reg ímenes progresistas.

p A comienzos de los años 70 llegaron a punto crítico las relaciones entre EE.UU. y Chile.

p El gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el Presidente Salvador Allende, emprendió la realización de transformaciones profundas encaminadas a sentar las bases para una perspectiva socialista de desarrollo del país. Fueron 147 tomadas medidas para restringir la actividad de los monopolios extranjeros.

p Los círculos gobernantes de EE.UU. se inquietaron en sumo grado por el rumbo del gobierno de Allende. El “business” yanqui que operaba en Chile empezó a retirar sus capitales, a vender sus activos bancarios, a interrumpir el ciclo productivo y a transferir los contratos gubernamentales a compañías foráneas. En 1970 la Internacional Telephone and Telegraph Co. preparó una confabulación a fin de impedir el acceso al poder del candidato del bloque de la Unidad Popular y en 1971 tomó medidas para derrocar al Presidente Allende, electo según las normas constitucionales. La compañía transnacional Kennecott se dirigió en octubre de 1972 a tribunales europeos (de Francia, Suecia y Holanda) exigiendo embargar las cargas de cobre chileno que habían sido llevadas a los puertos de los países respectivos, para confiscar el metal a modo de compensación por sus bienes nacionalizados en Chile.

p Washington participó directamente en la política de bloqueo financiero y económico contra Chile. Los bancos estatales yanquis de desarrollo se negaban a conceder empréstitos. Resultó para Chile prácticamente imposible obtener préstamos a corto plazo en los bancos privados de EE.UU. También eran presionados los creditores europeos.

p La declaración formulada por Nixon en enero de 1972 amenazando con interrumpir toda clase de ayuda a los países que nacionalicen bienes de las compañías estadounidenses sin “una compensación rápida, adecuada y eficiente" y con intervenir en los organismos financieros internacionales para interrumpir la ayuda a través de los canales multilaterales, estaba dirigida principalmente contra Chile  [147•22 .

p El Pentágono se esforzaba insistentemente por abrir las vías para un acercamiento con la oficialidad chilena. La ayuda militar, cuyo monto fue incrementado, ocupó lugar especial en la política yanqui. El Pentágono financió créditos para la adquisición de aviones, tanques y carros blindados  [147•23 .

p Durante tres años la prensa estadounidense llevó una incesante campaña contra el gobierno de la Unidad Popular. El imperialismo yanqui procuró crear un vacío en torno de Chile sin acudir a métodos militares (como en Guatemala y 148 en República Dominicana) o jurídicos (medidas contra Cuba). Los políticos estadounidenses buscaban la posibilidad de establecer un “bloqueo encubierto" contra Chile creando condiciones que posibilitaron el debilitamiento del gobierno de la Unidad Popular y la organización de un complot de derecha.

p La táctica de “desestabilizar” el gobierno chileno era aplicada por la CÍA. El Consejo nacional de seguridad de EE.UU. asignó 11 millones de dólares para la intervención en los asuntos internos de Chile. La decisión sobre las asignaciones fue adoptada por el Comité de los 40, presidido por Kissinger  [148•24 .

p Después de la asonada de 1973, el carácter de las relaciones oficiales estadounidense-chilenas cambió abruptamente. La prensa latinoamericana destacaba que “nuevamente existe confianza e interés por invertir en Chile"  [148•25 . Los reembolsos de la deuda exterior fueron aplazados; las fuentes de créditos, restablecidas, y los bancos internacionales capitalistas concedieron nuevos préstamos a largo plazo.

p Sin embargo, el golpe en Chile, en cuya preparación participaron las corporaciones yanquis y organismos gubernamentales de EE.UU., provocó un nuevo agravamiento de las divergencias en los círculos dirigentes.

p Algunos congresistas manifestaron su desaprobación por los actos ilegales de la junta chilena. Se aludía también a la “intervención malintencionada de las corporaciones transnacionales"  [148•26 .

p En el Congreso se aprobaron resoluciones en favor del “respeto” a los derechos humanos en Chile y manifestando la “preocupación” ante la violación en este país de la declaración de la ONU sobre los Derechos del Hombre.

p Las relaciones de EE.UU. con Perú también se basaban en el criterio “diferenciado”. La actitud de Washington respecto a Perú estuvo condicionada por la reducción del arsenal de sus métodos estratégicos en América Latina, por el deseo de aislar al gobierno de la Unidad Popular, por la intención de influir en la marcha del proceso peruano aprovechando las peculiaridades de la “revolución militar”, así 149 como por la nueva división del trabajo entre los centros del capitalismo industrialmente desarrollado y la periferia del sistema capitalista mundial.

p Después de 1968 Washington utilizó diferentes métodos, desde el amedrentamiento hasta el soborno, para “impulsar” el desarrollo de los acontecimientos en Perú en una dirección que respondiese a los intereses del imperialismo.

p Sin embargo, con las medidas represivas y la acción subversiva no quedaba agotada, en manera alguna, la política de “poco perfil" de EE.UU. en Perú.

p Una peculiaridad de la actitud de EE.UU. hacia Perú y una expresión del enfoque “diferenciado” respecto a las naciones latinoamericanas fue el constante afán de Washington por crear la impresión de que las divergencias existentes entre las partes revisten carácter secundario. Por eso los representantes oficiales de EE.UU. insistían en que entre Perú y EE.UU. “hay sólo contradicciones insignificantes" que se reducen a las pretensiones que formula el empresariado.

p Esos representantes afirmaban que Perú “se encuentra en la disyuntiva”, ante la opción por que “América puede ayudar a Perú y éste es el momento más apropiado para hacerlo"  [149•27 . El gobierno de Nixon intentó aprovechar las dificultades socioeconómicas y políticas surgidas después de ocupar los militares el poder, para procurar contactos, crear condiciones para la preponderancia de los elementos proyanquis y, en definitiva, para asegurar el desarrollo de los sucesos en Perú en una dirección acorde con los intereses de EE.UU.

p El rumbo a las relaciones bilaterales y la política del “aliado preferido" tenía otro aspecto sumamente importante. Los EE.UU. deseaban establecer su control sobre el proceso de unificación de los esfuerzos de las naciones latinoamericanas que intervenían, particularmente en las reuniones interamericanas, con una plataforma común en muchas cuestiones internacionales.

p Washington declaraba su apoyo a la integración económica a diferente nivel y su reconocimiento del “voto único" de las repúblicas latinoamericanas en la palestra internacional. Los políticos yanquis subrayaban con insistencia creciente que “desarrollando relaciones bilaterales con cada país por separado, no hemos de ignorar los sentimientos 150 de solidaridad en América Latina”, expresaban el deseo “de colaborar con las instituciones regionales latino-americanas"  [150•28 . Las manifestaciones de apoyo a la colaboración entre los países del continente iban acompañadas de amenazas a la “política de bloques" y a la “táctica de confrontación”.

p Se aludía, sin embargo, a agrupaciones que podían afectar los intereses de EE.UU. Los esfuerzos propios de Washington se concentraban en la creación, bajo la égida de los países latinoamericanos más grandes, de una especie de “subsistema” en las relaciones internacionales. Consolidando en el marco de la política de “favoritismo selectivo" sus vínculos económicos, políticos e ideológicos con los Estados de mayor peso, los Estados Unidos calculaban influir a través de aquéllos en la orientación general del continente y asegurar la dependencia de toda América Latina respecto al imperialismo.

Por eso el enfoque diferenciado, “por países”, de los problemas de América Latina combinaba con la política de bloques como complemento. A mediados de la década del 70, Washington trazaba su política latinoamericana orientándola a la alianza con las dictaduras fascistas y fascistizantes.