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p Uno de los principales problemas de la política latinoamericana de EE.UU. en la década del 70 siguió siendo la búsqueda de aliados sociales y políticos en las repúblicas del continente. Las esferas gobernantes del país del norte se empeñaban en hallar socios lo suficientemente experimentados y flexibles para asegurar la estabilidad firme en los países del sur y, sobre todo, aplicar una política interior y exterior aceptable para Washington.

p Ya a finales de la década del 50 la crisis estructural, que agravó en extremo las contradicciones socioeconómicas y políticas en los países de América Latina, fue la causa principal que obligó a los políticos estadounidenses a esforzarse por ampliar la base social de apoyo al imperialismo entre la llamada clase media a la que pertenecen, según las publicaciones científicas y políticas burguesas, los empleados, la parte acomodada de la clase obrera, los granjeros, los grandes capitalistas y terratenientes.

p La burguesía latinoamericana era considerada como una clase portadora de un determinado modelo, de relaciones sociales.

p En las esferas científicas y políticas de EE.UU. había cobrado amplia difusión la idea de que los países latinoamericanos estaban predeterminados a repetir la vía del capitalismo clásico y se abrigaba la esperanza del desarrollo “orgánico” en América Latina de una sociedad capitalista estable, modernizada y dinámica. La experiencia de los años 60 mostró la inconsistencia de estos anhelos.

p A comienzos de la década del 70, entre los científicos y políticos estadounidenses empezó a extenderse cada vez más una apreciación negativa de la potencia sociopolítica de la burguesía local: “el businessman latinoamericano no es y no será una fuerza consciente de los cambios 138 socio-económicos en América Latina”; por el contrario, los representantes de los círculos empresariales “se resisten conscientemente y seguirán resistiéndose y obstaculizando tales cambios" —decían ellos  [138•3 . Las llamadas clases medias tampoco resultaron capaces de encabezar un proceso análogo a las transformaciones democrático-burguesas. Los años transcurridos trajeron la desilusión también en las potencias de los políticos nacional-reformistas, así como en las de los partidarios latinoamericanos de las teorías del desarrollismo.

p La clase empresarial no pudo desempeñar la función de elemento “revolucionario” que se le había impuesto. Según la expresión de un autor, la burguesía latinoamericana manifestó cualidades contrarias a los modelos clásicos de épocas precedentes y de otras regiones. Su debilidad, su dependencia de los monopolios imperialistas y falta de iniciativa la obligaron, en contra, aparentemente, de sus propios intereses, a ceder tanto en la esfera económica, como en la política sus prerrogativas al Estado, cuyo papel en las naciones latinoamericanas seguía creciendo.

p El incremento y el significado del sector estatal de la economía promovieron en muchos países del continente a las fuerzas y grupos políticos vinculados con ese sector y con el aparato del Estado. La búsqueda de un socio para las filiales de las transnacionales y los departamentos de política exterior de EE.UU. se hacía cada vez más promisoria entre la camarilla tecnocrática y burocrática tanto de los regímenes civiles como de los militares. Cada vez más atraía la atención de los políticos y representantes de los círculos científicos de EE.UU. la “nueva generación de líderes políticos y tecnócratas gubernamentales”, “educados con frecuencia en las principales universidades del mundo industrial" y “que emplean nuevas técnicas en la solución de los problemas de América Latina...”  [138•4 

p Los políticos pragmáticos subrayaban que “la burocracia adquiere cada vez mayor significado político a medida que van operándose los cambios económicos"  [138•5 . En los trabajos de investigación se hacían conclusiones de que, al 139 trazarse el curso latinoamericano, hay que tomar en consideración los factores políticos e institucionales, entre ellos, el “enfoque estatista" en la solución de los problemas económicos  [139•6 .

p El deseo de los círculos gobernantes de EE.UU. de afianzar las relaciones con las capas de la burocracia y tecnocracia latinoamericanas vinculadas con el sector estatal y el aparato del Estado se reflejó también en las actitudes de Washington respecto a la oficialidad militar latinoamericana.

p A finales de los años 60 y comienzos de la década del 70 se intensificaron los esfuerzos tendientes a elaborar los fundamentos políticos e ideológicos de la alianza con los ejércitos de las repúblicas latinoamericanas. Sin embargo, es precisamente en este terreno en el que surgieron serias dificultades que se explican por la aguda divergencia en la actitud de distintas fracciones de la clase gobernante de EE.UU.

p En los informes e intervenciones oficiales se planteaba la necesidad de la alianza con los militares. Se pretendía utilizar el ejército en calidad de instrumento contra el movimiento de liberación en los países del continente, anticipar, debilitar y neutralizar la aparición y actividad de gobiernos militares del tipo peruano y, a través de la ayuda militar, influir no sólo sobre la política de los regímenes militares conservadores, sino también de los oficiales progresistas. Atendiendo a estas consideraciones, muchos funcionarios de distintas dependencias civiles y militares se manifestaron por la ampliación de la ayuda militar, por la conservación en América Latina de las misiones militares de EE.UU. y por el suministro de tipos modernos de armamento a los ejércitos latinoamericanos.

p No sólo los políticos, sino también los representantes de los consorcios yanquis fabricantes de armas se pronunciaban contra toda reducción de la venta de armamento y de la ayuda militar a los ejércitos latinoamericanos, temiendo perder sus mercados y utilidades, así como un posible incremento de las compras de equipos de guerra por los gobiernos a competidores europeos de EE.UU.

p Sin embargo, muchos políticos influyentes, diplomáticos destacados y profesores de universidades expresaban su desacuerdo con la línea de los partidarios del “neomilitarismo”, concepción que sustentaba la idea de que la camarilla 140 militar en las condiciones actuales puede jugar papel dirigente en el proceso de modernización. Los continuadores de las doctrinas liberales veían en los militares una fuerza que obstaculizaba el desarrollo socioeconómico “normal” y que minaba los gérmenes de procederes e instituciones políticas de “prototipo occidental" que existían en los países latinoamericanos.

p Los que sustentaban las ideas liberales se manifestaban contra la venta irrestricta de armamentos a los militares latinoamericanos. Desde su punto de vista el suministro de aviones a reacción, tanques y buques de guerra a los gobiernos de la región podría sólo contribuir al surgimiento de conflictos interamericanos, al reforzamiento de las dictaduras represivas militares y, en consecuencia, al incremento del antimperialismo. (Los liberales, no obstante, manifestaban su total disposición a ensanchar los suministros militares de jeeps, helicópteros, equipos de comunicaciones, camiones y otro material necesario para la lucha contra el movimiento guerrillero.)

p Sin embargo, el principal argumento que esgrimían los adversarios de los programas de ayuda militar era la actitud antimperialista de los gobiernos de Perú, Panamá y Bolivia (1970-1971). El hecho de que los gobiernos militares de Perú y Bolivia (durante el período de 1970-1971), a pesar de los suministros de tanques, aviones y armamento yanqui, mantenían la actitud más hostil hacia EE.UU., provocó indignación particularmente grande.

p “Los militares progresistas de los que habla el gobernador Rockefeller —escribía el politólogo norteamericano Martin Needler—, entraron, parece, en conflicto con Estados Unidos precisamente en la medida en que realmente han sido progresistas"  [140•7 .

p “Es un hecho que las formas más virulentas de antiamericanismo son expresadas por los líderes de los golpes militares más recientes"  [140•8 . Esta conclusión llevó a los liberales de EE.UU. a recordar de nuevo los “ideales” del tiempo de Kennedy. En discursos, artículos e intervenciones se manifestó otra vez, lo mismo que a comienzos de la década del 60, la visible inclinación de turno de algunos 141 políticos hacia las consignas del estímulo a los “regímenes representativos”.

p La apelación a los “valores americanos tradicionales" y a la “herencia revolucionaria" (además de perseguir fines políticos inmediatos) se debió también a la agudización de la pugna política interna, a la difusión de la ideología de la “nueva izquierda”, al ascenso del movimiento juvenil y a los desórdenes raciales en los propios Estados Unidos. En esas condiciones se percibía como nunca la necesidad de los círculos dirigentes de reiterar un impulso ideológico capaz de atraer a amplios círculos sociales del país y de las naciones en desarrollo.

p El conflicto entre los partidarios de una política “ideologizada” en América Latina y sus adversarios “pragmáticos” se agudizó. La polémica en los círculos gubernamentales excedía, en su esencia, el marco de una discusión de los programas de ayuda militar en su expresión cuantitativa (aunque el monto de la misma también fue tratado muchas veces). Las divergencias se debían a los diferentes enfoques en cuanto a la elección del aliado en América Latina, a la apreciación de su potencialidad y perspectivas en el contexto de toda la evolución social ulterior.

p Los enfoques pragmáticos obtenían cada vez más apoyo.

p En los años 60, los fenómenos de la realidad latinoamericana tales como los golpes militares eran apreciados a través del prisma del desarrollo burgués “normal” y considerados como patológicos, como los costos de la evolución capitalista, etc. A comienzos de los años 70 surgió un nuevo punto de vista que afirmaba que la estabilidad en modo alguno es “parte inseparable" de la sociedad democrática y que las transformaciones más eficientes son llevadas a cabo, precisamente, por gobiernos no estables.

p Los funcionarios oficiales empezaron a subrayar que “la lección de la historia" recibida por Estados Unidos en América Latina consiste en la imposibilidad de “amoldar el continente conforme a una imagen preferente para nosotros"  [141•9 . Los nuevos enfoques se reflejaron también en las consignas de Washington sobre la estructuración política de las naciones latinoamericanas. Los representantes del Departamento de Estado argumentaban que el principio de la democracia representativa se consideraba inconmovible “antes, en tiempos 142 menos complicados”; hoy llegó el tiempo del “pluralismo de ideologías"  [142•10 .

Bajo este criterio, la diferencia entre los regímenes militares y civiles se hacia cada vez menor. En primer plano aparecía la división entre las repúblicas que habían optado por diferentes vías de desarrollo socioeconómico. Precisamente este criterio sirvió de guia a Washington en la elaboración de su política respecto a los diversos países del continente. La selección del aliado se materializó en su forma más acabada a nivel de países.