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p La política de los países latinoamericanos, encaminada a resolver una serie de problemas socioeconómicos esenciales a través del estímulo a la inversión extranjera, no dio los resultados esperados. Por otra parte, la afluencia de capital de préstamo foráneo, inclusive en forma de créditos y empréstitos gubernamentales, contribuyó a un incremento sin precedentes de la deuda externa de las naciones latinoamericanas y a un fuerte aumento de su dependencia financiera respecto a los Estados capitalistas industrializados.

p En condiciones que se caracterizan por un acentuado agravamiento de las dificultades monetario-financieras que experimentan la mayoría de las repúblicas latinoamericanas, aumenta la presión de las potencias imperialistas sobre la política interna y exterior de los países del área.

p Las relaciones crediticias intergubernamentales entre los países capitalistas desarrollados y las naciones en desarrollo revisten un carácter nada simple y sumamente contradictorio.

p La utilización de créditos públicos extranjeros permite a los Estados latinoamericanos acrecentar las importaciones de maquinaria y equipo que constituyen uno de los elementos básicos del proceso de producción. (No es casual que en algunos casos la fuerte reducción del crédito, aplicada como sanción, provoca protestas de los países receptores.)

p Sin embargo, la política crediticia de las potencias imperialistas dificulta en general y en grado considerable el desarrollo nacional independiente como consecuencia de su esencia neocolonialista. Los países imperialistas procuran utilizar los créditos públicos para crear resortes 119 efectivos que les permitan atar la economía de la región a las necesidades de la economía capitalista mundial. Los Estados capitalistas industrializados se esfuerzan por intensificar en los países latinoamericanos los sectores económicos cuyo desenvolvimiento responde a los intereses de largo plazo de las potencias imperialistas, tendientes a estructurar una “nueva” división del trabajo dentro del marco del sistema capitalista.

p Los aspectos económicos de la “nueva” división del trabajo consisten en aprovechar a este grupo de países no sólo en calidad de fuentes de materias primas, sino también de productos industriales de los tipos de industria que en los Estados capitalistas desarrollados, bajo el influjo de la revolución científico-técnica y la agudización de los problemas ecológicos, se han hecho menos rentables. Esto les facilita a los países capitalistas industrializados concentrar sus esfuerzos fundamentales en las direcciones más promisorias del progreso económico, tomando en consideración los últimos alcances del pensamiento científico-técnico. Al mismo tiempo, les permite seguir desempeñando el papel de suministradores monopolices de maquinarias, equipos, tecnología nueva y métodos modernos de manejo de la producción.

p Su apoyo a la “industrialización limitada" les da la posibilidad de neutralizar en cierto grado los ánimos antimperialistas entre la burguesía latinoamericana y conservar las bases para seguir explotando la región. Incluso en los casos en que los créditos públicos de EE.UU. se conceden en condiciones de privilegio, ello no constituye el reflejo de una política altruista. Tales créditos son considerados como un gasto inevitable para afianzar las bases de la propiedad privada en la periferia del mundo capitalista.

p Xa disminución de los ingresos de divisas provenientes de las exportaciones, en las condiciones de un embargo del crédito, acarrea como consecuencia la reducción de las importaciones de artículos destinados a la industria, provocando considerables alteraciones en el funcionamiento del mecanismo económico. Surgen también dificultades en el abastecimiento de la población con alimentos y artículos de primera necesidad cuya producción interna no alcanza a cubrir la demanda y cuya adquisición en el extranjero decrece notablemente por falta de divisas.

p Las contrariedades económicas crean condiciones favorables para dinamizar la actividad de los grupos reaccionarios 120 estrechamente vinculados al capital extranjero, provocan el descontento entre algunas capas de la población, todo lo cual, sumado a premisas determinadas, puede retardar la realización de transformaciones progresistas.

p Desde el punto de vista de los países deudores, el sentido principal del aprovechamiento de los créditos externos, en el plano económico, reside en la creación de condiciones adecuadas para la reproducción ampliada por cuenta, esencialmente, de los recursos materiales y financieros internos. Sin embargo, el rápido crecimiento de la deuda exterior conduce al incremento de la dependencia financiera de la región.

p Por lo tanto, el problema de hacer que los créditos externos respondan más plenamente a las necesidades del progreso económico y social de los países receptores dista mucho de haber sido resuelto. El interés de los Estados capitalistas industrializados, ante todo Estados Unidos, de utilizar el mecanismo de crédito para alcanzar sus objetivos políticos y comerciales conduce a una mayor subordinación de los países deudores al sistema de la economía capitalista mundial y aleja la perspectiva de alcanzar la independencia económica.

p Uno de los más graves problemas, cuya agudización está directamente vinculada con la práctica crediticia de las potencias imperialistas, es el problema de la deuda externa. Su monto en América Latina aumenta a ritmo acelerado.

p A la vez, son cada día más grandes los pagos por el servicio de la deuda (amortización más intereses). Si en los años 60 tales desembolsos representaban en término medio un 22”,, del valor de las exportaciones de mercancías y servicios, en 1975 ese índice se elevó al 28”,, y, en 1976, al 30%  [120•19 .

p El deseo de recibir más créditos a fin de superar la influencia negativa de los reembolsos y acrecentar así los recursos orientados al desarrollo económico redunda en una elevación progresiva de la deuda externa cuyas posibilidades de liquidación se van alejando hacia un futuro imprevisible. La complejidad de este problema consiste en que su solución depende no sólo de la aplicación de una política interna coherente, sino, en grado aún mayor, está condicionada por factores externos que escapan al control de los países 121 latinoamericanos. Entre estos factores cabe mencionar la correlación de los precios de exportación y de importación, la política comercial y crediticia de los Estados capitalistas industrializados, el nivel de la demanda de artículos primarios, etc. Por ejemplo, la caída de los precios mundiales para las materias primas, como regla, tiende a empeorar seriamente la situación de la mayoría de esos países, hace que su desarollo económico dependa aún más de las fuentes externas de financiamiento y predetermine el ulterior incremento de la deuda exterior.

p Naturalmente, las dificultades vinculadas con el pago de la deuda son de diferente grado en unos u otros países. Sólo un grupo reducido de naciones que constituyen grandes exportadores de petróleo no experimenta ahora contratiempos para saldar sus obligaciones corrientes gracias al notable alza de los ingresos obtenidos de las exportaciones de combustible. En cambio, la mayoría de los demás países latinoamericanos se enfrentan permanentemente a la necesidad de buscar recursos complementarios para efectuar sus pagos en divisas, por cuanto éstos no los pueden cubrir con los ingresos obtenidos de las exportaciones de mercancías y servicios. Por otra parte, al ampliarse últimamente la utilización de créditos comerciales concedidos en condiciones más rígidas, puede complicarse seriamente en un futuro cercano el problema del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la deuda externa.

p Las posibilidades de aliviar las dificultades monetariofinancieras dependerán en mucho de la orientación que tome el desarrollo socioeconómico, del carácter de la actividad productiva interna y de la política económica exterior que apliquen los países latinoamericanos. Sólo un enfoque integral de los problemas económicos y sociales que contemple en primer lugar los intereses del desarrollo nacional puede conducir a formar una estructura de producción más equilibrada en los países de América Latina y a incrementar su potencial económico.

p La política de puertas abiertas al capital extranjero, sostenida por una serie de países de la región, significa, en definitiva, una ulterior desnacionalización de sus economías. Tomando el capital foráneo como base para remediar las dificultades crónicas originadas por la escasez de divisas, se llega a un mayor reforzamiento de la dependencia económica, a un incremento sucesivo de la explotación por 122 parte de la oligarquía financiera de potencias imperialistas.

p La solución de los problemas emanados de la utilización de créditos y empréstitos que conceden los Estados capitalistas desarrollados dependerá en sumo grado del avance y el nivel de la lucha de las naciones latinoamericanas por mejorar las condiciones del financiamiento externo. La necesidad de intensificar esta lucha está determinada por el hecho de que los países del continente siguen experimentando grandes dificultades monetarias, que en grado considerable tienen su origen en la esencia neocolonialista de la política crediticia de las potencias imperialistas.

p Cabe señalar que los Estados de América Latina hicieron determinados avances en el incremento de la afluencia de recursos externos. Sin embargo, durante los últimos años hubo un pronunciado empeoramiento en las condiciones para obtenerlos. Los plazos medios de pago de los créditos obtenidos por los países de América Latina, por ejemplo, se redujeron de 19,2 años en 1961-65 a 17,4 en 1975, y la tasa de interés aumentó de un 3,6°,, a un 6,7”,,, respectivamente  [122•20 .

p Hay que des’tacar también lo siguiente. Los recursos financieros que ingresan a los países del continente, como consecuencia de la intensificación de las tendencias inflacionarias en los Estados imperialistas y de la persistente crisis del sistema monetario del capitalismo, sufren una considerable desvalorización. Por lo tanto, para mantener a nivel determinado la suma real de los créditos a percibir, las naciones latinoamericanas se ven obligadas a procurar un aumento en la suma nominal de los recursos que ingresan y condiciones más favorables en la concesión de los mismos. Actualmente plantean las siguientes tareas fundamentales en materia de relaciones financieras externas: primero, aumentar el volumen de créditos y subsidios; segundo, mejorar las condiciones en que se otorgan, y tercero, tomar medidas urgentes y efectivas para aliviar el peso de la carga que representa el endeudamiento externo.

p En todas las asambleas internacionales las naciones latinoamericanas y otros países en desarrollo sostienen una activa lucha por la solución urgente de estas tareas. En particular, con el apoyo de los Estados socialistas, en el marco de la UNCTAD se aprobaron una serie de resoluciones 123 y recomendaciones que reflejan en determinado grado los intereses de los países en desarrollo. Reviste singular importancia, por ejemplo, la recomendación adoptada en 1964 en la primera conferencia de la UNCTAD referente a los fines y métodos de la política crediticia. En ella se proclamó que la colaboración financiera debe contribuir a que los países en desarrollo alcancen la independencia económica y que “no debe estar supeditada a ninguna clase de condiciones políticas, económicas, militares o de otro carácter que sean inadmisibles para ellos"  [123•21 .

p También fueron aprobadas recomendaciones sobre el aumento del monto de los recursos financieros que se otorgan a los países en desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de préstamo.

p Al mismo tiempo hay que consignar que las resoluciones y las recomendaciones adoptadas en el marco de la UNCTAD con frecuencia revisten carácter impreciso y ambiguo. Algunos representantes de los países en desarrollo intervienen en ciertas cuestiones con pretensiones políticamente equívocas, sitúan en una misma línea a las potencias imperialistas, que son las culpables principales de sus dificultades económicas, con los Estados socialistas que siempre están del lado de los países en desarrollo en su lucha por superar el atraso económico.

p Todo ello resta, en cierto grado, eficiencia a la brega de las naciones latinoamericanas y otros países por una aplicación sin demoras de los principios de la justicia y de la igualdad en las relaciones económicas internacionales. En la Carta de Argel, por ejemplo, aprobada por el Grupo de los 77 en 1967, en vísperas de la II Conferencia de la UNCTAD, se indicaba que “salvo algunas excepciones, las condiciones y términos del financiamiento al desarrollo se hacen cada vez más pesados; la parte de los subsidios desciende, las tasas de interés crecen; los plazos de pago se reducen, y los préstamos para el desarrollo se sujetan cada vez más a determinadas condiciones"  [123•22 .

p El aumento de las dificultades monetario-financieras 124 de los países latinoamericanos predeterminó la adopción de una postura más constructiva por parte de éstos que quedó formulada en la Declaración y Programa de acción, aprobados en Manila en vísperas de la IV Sesión de la UNCTAD.

p Además de plantearse la anterior reivindicación sobre la asignación por los Estados capitalistas industrializados de 1% del valor de su Producto Interno Bruto para la prestación de ayuda, quedó estipulado también que el monto de los créditos públicos ascendente a 0,7% del PIB debe ser calculado después de descontarse los intereses pagados por los países en desarrollo en concepto de servicio de la deuda exterior. A la vez, la distribución de los recursos financieros “debe ser más racional y equilibrada entre todos los países en desarrollo"  [124•23 . La anterior demanda de mejorar las condiciones para la prestación de créditos fue complementada con una serie de proposiciones concretas a fin de hacer que la afluencia de recursos financieros “sea pronosticable, continua y más segura"  [124•24 . Con el objeto de aliviar la carga de la deuda exterior, los países participantes promovieron la iniciativa de anular las deudas públicas de las naciones menos desarrolladas y de conceder prórrogas al pago de la deuda por aquellos que experimentan dificultades en saldar la balanza de pagos. Se adoptaron resoluciones sobre la necesidad de concertar acuerdos dirigidos a consolidar la deuda originada por la utilización de créditos comerciales y sobre la creación de un fondo o banco especial con ese objeto, sobre la ampliación y liberalización del sistema de concesión de créditos en el marco del Fondo Monetario Internacional.

p Las recomendaciones aprobadas por el Grupo de los 77 en Manila sobre cuestiones monetario-financieras se diferenciaron por una serie de peculiaridades respecto de las resoluciones que antes se tomaron en este aspecto. Se distinguieron, ante todo, por abarcar un espectro más amplio de las relaciones económicas internacionales. Además de la formulación de los principios generales sobre los montos y condiciones de la ayuda, fueron enunciadas una serie de cláusulas concretas sobre: anulación de la deuda pública de los países menos desarrollados, consolidación de la deuda a corto plazo originada por los créditos comerciales, sobre un 125 mayor acceso a los recursos crediticios del FMI y otras. Los problemas de la ayuda y de la deuda externa quedaron estrechamente vinculados a otras cuestiones, por ejemplo, a la reforma del sistema monetario capitalista internacional, a la elaboración de un programa integral para los artículos primarios, a la ampliación de la cooperación económica entre los países en desarrollo y los Estados socialistas.

p El enfoque más amplio y constructivo de las cuestiones examinadas por el Grupo de los 77 en Manila, fue consecuencia de la profundización de la crisis del desarrollo dependiente de este grupo de países dentro del sistema de la economía capitalista mundial que llevó a una postura más realista frente a los problemas que ante ellos se plantean. Por otra parte, fue también resultado de la ampliación de las premisas que actúan en pro de la implantación de los principios de igualdad y ventaja recíproca en el sistema de las relaciones económicas internacionales, para cuya materialización hacen un aporte fundamental los Estados socialistas.

p La actitud negativa de los representantes de las grandes potencias imperialistas respecto a la solución de las tareas concretas formuladas en la Declaración y el Programa de acción de Manila se expresó en la táctica dilatoria y, a veces, de obstrucción abierta que utilizaron al ser examinadas dichas tareas en la IV Sesión de la UNCTAD, celebrada en Nairobi en mayo de 1976. Esos representantes, forzados a adoptar, en ocasiones, resoluciones de compromiso, sin embargo aprovechaban cualquier posibilidad para imponer sus recetas frente a los graves problemas monetario-financieros que afectan a los países en desarrollo. Ponían el acento, en lo esencial, en la necesidad de intensificar la política enfilada a estimular la inversión privada extranjera.

p Los resultados de esas cuatro sesiones de la UNCTAD permiten destacar lo siguiente. Pese a la acción contraria de las potencias imperialistas, las recomendaciones y resoluciones adoptadas en el marco de esta organización internacional reflejan, en cierta medida, los intereses de las naciones latinoamericanas. Ello significa que en las condiciones actuales el imperialismo ya no puede seguir ignorando las demandas de esos países y está obligado a hacer determinadas concesiones. Cabe subrayar, sin embargo, que en muchos casos, cuando se trata de pasar a la aplicación práctica de las recomendaciones acordadas, los países imperialistas se atienen a sus propios intereses y, por lo general, dilatan 126 la materialización de los postulados básicos contenidos en los documentos aprobados.

p Las potencias capitalistas, en circunstancias en que se acentúa la crisis energética y de materias primas que sacude su mundo, tratan de eludir una confrontación abierta con los países en desarrollo. Manifestándose de palabra por la aplicación de los principios fundamentales tendientes a implantar un nuevo orden económico internacional, adoptados en el marco de la ONU, esas potencias orientan su principal esfuerzo a perpetuar el control que ejercen sobre los recursos de materias primas y los procesos socioeconómicos que se operan en los países en desarrollo. Por eso, aceptando algunas demandas, los Estados imperialistas bloquean, a la vez, la adopción de resoluciones concretas sobre los problemas fundamentales de las relaciones económicas entre las naciones. Un testimonio de ello son también los resultados de la Conferencia para la colaboración económica internacional celebrada en París en junio de 1977, en la que paticiparon 8 naciones capitalistas industrializadas y 19 en desarrollo.

p En la conferencia se discutieron cuestiones que abarcan un amplio espectro de problemas: la concesión de ayuda a los países en desarrollo que tienen elevada deuda exterior, la creación de un fondo común para el financiamiento de las reservas de estabilización de productos primarios, la transferencia de recursos financieros a los países en desarrollo y otros. Es decir, fueron examinados problemas de cuya solución dependen en sumo grado las perspectivas del avance de estos países. Sin embargo, la actitud asumida por los Estados occidentales mostró claramente la incompatibilidad de intereses entre los dos grupos de naciones participantes en la conferencia.

p Los países capitalistas industrializados pretendían, ante todo, obtener de los países en desarrollo concesiones en la esfera de los recursos energéticos, a fin de poder controlar los precios del petróleo y derivados. En cuanto a lo que planteaban estos últimos, las naciones occidentales trataban de no tomar decisión alguna con carácter constructivo.

p En esas circunstancias los resultados de la conferencia fueron mínimos. Los países en desarrollo, en suma, no avanzaron en la solución de problemas como la adopción de medidas inmediatas para aligerar la carga de la deuda exterior e instituir un fondo común para el financiamiento de las reservas de estabilización de materias primas, etc.

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p Durante los últimos años los países de América Latina se pronuncian activamente por la mejora de las condiciones de financiamiento exterior no sólo en el marco de los organismos internacionales, sino también a nivel directamente gubernamental. Dirigen sus demandas, ante todo, a Estados Unidos, sobre los que recae la parte principal de los créditos otorgados a la región por las naciones occidentales.

p Las demandas a Estados Unidos fueron formuladas en su expresión más completa en el documento Consenso de Viña del Mar, adoptado por los países latinoamericanos en la sesión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) de 1969. En materia de relaciones monetario-financieras se estipuló: 1) ajustar más el monto y las condiciones de los créditos, otorgados por EE.UU., a las necesidades de los países de la región; 2) suprimir los préstamos “atados”; 3) incrementar las sumas de los créditos concedidos por los organismos financieros internacionales; 4) crear un mecanismo eficiente que ayude a liberalizar los créditos recibidos; establecer un fondo de ajuste de las tasas de interés; 5) facilitar a los países latinoamericanos, a sus organizaciones regionales y subregionales el acceso al mercado de capitales de EE.UU.; 6) coordinar la función de los derechos especiales de giro con el financiamiento para el desarrollo.

p El Consenso de Viña del Mar fue un importante paso en la formación de un frente único de las naciones latinoamericanas que se pronuncian contra la política explotadora de Washington.

p La 15 Sesión de la CEPAL, celebrada en Quito en 1973, terminó en un enfrentamiento abierto entre los Estados latinoamericanos y EE.UU. Esta sesión mostró una vez más que, pese a las divergencias existentes entre los países de América Latina, existe la posibilidad de alcanzar la unidad en torno a problemas fundamentales que los afectan. En la Declaración de Quito, aprobada en esa sesión, se expresan postulados de corte antimperialista.

p En ese documento se acusa directamente a EE.UU. y a otras potencias imperialistas de utilizar el mecanismo de los créditos sólo atendiendo a sus intereses propios. Se demanda a Estados Unidos revisar su política en la región y reestructurar las relaciones de manera que respondan a las necesidades del progreso económico de las naciones latinoamericanas.

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p Los Estados Unidos, ante la incesante crítica de los países de América Latina y los de otros continentes, se ven obligados a cambiar y modificar sus procedimientos tácticos y sus consignas con el fin de seguir manteniendo las posiciones económicas y políticas que ocupan en el área. Las transformaciones progresistas en algunos Estados de la región, orientadas a afianzar la soberanía nacional y a eliminar la posición dominante del capital privado norteamericano en la economía hicieron que Washington introdujese algunos cambios en su mecanismo crediticio.

p Las modificaciones en la política crediticia de EE.UU. en los años 70 derivan de una serie de premisas objetivas. Primero: el ensanchamiento de la cooperación económica entre el sistema socialista mundial y los Estados latinoamericanos sobre una base de igualdad y conveniencia mutua crea condiciones para intensificar la lucha de estos últimos por un cambio radical en la posición que ocupan dentro de la economía capitalista mundial. Segundo: el acelerado incremento del déficit de la balanza de pagos, el agravamiento de la situación económica interna y la inestabilidad del dólar en los mercados de divisas obligan a Estados Unidos a prestar suma atención a sus propios problemas. Al mismo tiempo, el acrecido potencial económico de las naciones de Europa Occidental y del Japón y su expansión hacen imprescindible la introducción de modificaciones en los procedimientos y medios empleados por el capital monopolista estadounidense para conservar sus posiciones en la región. Tercero: la aspiración de los países latinoamericanos a unirse para enfrentar con mayor eficiencia la política neocolonialista tiende a robustecer las posiciones de esos países. El problema de los recursos primarios, que se agrava en el mundo capitalista en los últimos años, condujo a un afianzamiento del papel que desempeñan los países latinoamericanos y otras naciones en desarrollo. Todo ello obliga a Estados Unidos a tomar medidas adecuadas para tratar de evitar una escalada de las contradicciones.

p La modificación de la política crediticia respecto a los países latinoamericanos enfila en varias direcciones. Los EE.UU. reorientan sus programas de crédito para concederlos no en forma bilateral, sino sobre una base multilateral con el fin de enmascarar sus afanes expansionistas. Si a mediados de los años 60 sólo una tercera parte de los créditos y empréstitos de EE.UU. a América Latina iba por línea de 129 los organismos de créditos internacionales, a comienzos de la década del 70 esos organismos canalizaban ya las dos terceras partes de los mismos. Los Estados Unidos consideran, por otra parte, que eso les dará la posibilidad de reducir sus gastos de financiamiento de los países del área a expensas de una mayor participación de otros Estados capitalistas.

p Sin embargo, la causa principal de la reorientación de la política crediticia de EE.UU. en el sentido indicado reside en otros motivos. No pueden dejar de considerar el significado de las acciones conjuntas de los países latinoamericanos por la utilización de los recursos externos en interés de su desarrollo independiente y las contradicciones que en base a ello se han agravado. Por influjo de estos factores, la política crediticia de EE.UU. se orienta más y más hacia la consecución de objetivos de largo plazo. La realización de los objetivos estratégicos del imperialismo en esta región exige en el período actual mancomunar los esfuerzos con otras potencias capitalistas para desarrollar una política única. Las instituciones internacionales de crédito, según considera Washington, son, precisamente, el instrumento más idóneo para estos casos.

p Al mismo tiempo, los Estados Unidos conservan el mecanismo de financiamiento bilateral, considerándolo como “herramienta flexible de la política nacional”, mediante la cual se puede lograr la necesaria “concentración de recursos en determinados países y resolver aquellos problemas que presentan interés inmediato para EE.UU.”  [129•25 

p Simultáneamente se tiende a elevar el papel del capital privado extranjero en el financiamiento de los programas de desarrollo económico de América Latina. El afán de aumentar al máximo la participación del capital privado en el total de los recursos financieros que se conceden a los países de la región constituye uno de los rasgos peculiares de la política económica de EE.UU. de los últimos años.

p El incremento del papel del capital privado extranjero se combina con la aplicación de la doctrina sobre la “nueva” división internacional del trabajo en el marco de la economía capitalista, lo que debe permitir, según las intenciones 130 de EE.UU., reforzar la interdependencia de la economía del área con la de los Estados capitalistas desarrollados.

p A la vez, ello crea la apariencia de que se atiende a la demanda de los países en desarrollo de crear condiciones que contribuyan a promover sus exportaciones de productos elaborados y, sobre todo, asegura a Estados Unidos la posibilidad de seguir conservando sus sólidas posiciones en los sectores más promisorios de la economía latinoamericana.

p Un importante elemento del rumbo actual se expresa en la renuncia a adoptar compromisos globales para el financiamiento de América Latina a través de programas del tipo de la Alianza para el Progreso. Los créditos y préstamos se utilizan cada vez mas para superar situaciones críticas que se presentan en unas u otras esteras de la vida socioeconómica de los países de la región. Se reconoce la necesidad de emplear los recursos otorgados a los fines de una redistribución parcial de los ingresos en favor de las capas de la población menos pudiente, de una cierta transformación de la estructura de la propiedad agraria, del desarrollo de los sistemas de educación y de salud pública. Estas cuestiones figuraban también en el temario de la Alianza para el Progreso. Mas su solución social y política, supeditada en las condiciones de la sociedad capitalista a los intereses de las clases dominantes, no posibilita reducir su carácter agudo y obliga a los círculos gobernantes a introducir constantes modificaciones en la política de maniobra social. Es por eso que el perfeccionamiento de los mecanismos del reformismo burgués en América Latina siga ocupando, igual que antes, un lugar destacado en los programas de financiamiento.

p El acrecentamiento del papel de los Estados latinoamericanos en las relaciones económicas internacionales y la intensificación de su política exterior obligan a Estados Unidos a desarrollar una política más realista y equilibrada respecto a sus vecinos sureños. El Gobierno de James Cárter formuló una serie de principios para la aplicación de su política económica en América Latina que los ideólogos norteamericanos estuvieron elaborando con ahínco desde el final de la década del 60. Conforme al rumbo trazado, la estrategia económica exterior de EE.UU. supone un enfoque global, regional, y bilateral de los problemas de América Latina.

p El enfoque global se fundamenta en el postulado de que la solución de muchos problemas que afectan a los países 131 latinoamericanos puede ser alcanzada sólo en el marco de una amplia cooperación internacional. En definitiva, ello significa un reconocimiento indirecto de la necesidad de restructurar el mecanismo vigente de las relaciones económicas internacionales entre los países capitalistas industrializados y las naciones en desarrollo. Sin embargo, los Estados Unidos están muy lejos de cooperar a una reestructuración cardinal en concordancia con los principios estipulados en la Declaración y el Programa de Acción para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y en otros documentos internacionales.

p En las nuevas condiciones los EE.UU. procuran utilizar su probado método de insignificantes concesiones para seguir aprovechando en interés propio un mecanismo algo modificado de las relaciones económicas.

p El principio del enfoque bilateral para conceder créditos y préstamos también está destinado a resolver las tareas tácticas y estratégicas que se plantea el imperialismo tanto en la región en conjunto, como en los países tomados por separado. Con ayuda de los acuerdos bilaterales sobre concesiones de crédito, los EE.UU. intentan, en primer lugar, estabilizar y profundizar el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción en una serie de países latinoamericanos; en segundo lugar, reforzar su influencia en la elaboración de la política económica interna y exterior de unos u otros Estados latinoamericanos que juegan un papel importante en sus planes estratégicos; en tercer lugar, utilizar también en el futuro los mecanismos de crédito como instrumento de presión para alcanzar sus objetivos económicos y políticos en cada país de la región; por último, obstaculizar el afianzamiento de la unidad latinoamericana basada en la lucha antimperialista.

p La evolución de la brega de los países latinoamericanos por mejorar las condiciones de financiamiento externo permite hacer varias conclusiones.

p Primero: en el proceso de esta lucha los países toman cada vez mayor conciencia del hecho de que la concesión de créditos y subsidios por Estados Unidos y otros países capitalistas industrialmente desarrollados representa sólo una retribución mínima por los largos años de explotación sin control a que se hallaban sometidos. Reconociendo el carácter limitado de la política crediticia de las potencias 132 imperialistas, las naciones latinoamericanas intervienen activamente para que sea revisado todo el sistema de las relaciones económicas, por la implantación de un nuevo orden económico internacional.

p Segundo: en el período actual ha ascendido el nivel de esa lucha. Junto con las demandas a los Estados capitalistas desarrollados de incrementar el monto de los créditos que se otorgan y de mejorar las condiciones para su concesión, las repúblicas latinoamericanas rechazan cada vez más deci didamente los intentos de Estados Unidos de intervenir en sus asuntos internos, se empeñan por recuperar sus recursos naturales, aplican una política exterior más independiente. Todo el período de posguerra testimonia que el éxito de esta política depende en mucho del nivel alcanzado en la cooperación con la Unión Soviética y otros Estados socialistas. Por eso, un número cada vez mayor de países del área, a pesar de la acción contraria de las potencias imperialistas, toman la vía del ensanchamiento de las relaciones económicas con el sistema mundial del socialismo.

p Tercero: en la actualidad se afianza la unidad latinoamericana por aplicar una línea común respecto a las naciones capitalistas industrializadas. Se advierte una tendencia a pasar de la formulación de unas u otras demandas respecto a la concesión de recursos financieros sobre base preferencia! a la elaboración de una política común en las relaciones económicas exteriores. El afán de coordinar sus acciones se manifestó en la firma, en octubre de 1975, de un acuerdo para la constitución del sistema Económico Latinoamericano (SELA) con la participación de 25 países de América Latina y del Caribe, incluida Cuba socialista.

p Al mismo tiempo, existe una serie de factores que debilitan las posiciones de los países latinoamericanos y reducen la eficiencia de su lucha. En sus demandas de incrementar la afluencia de créditos y subsidios gubernamentales, por ejemplo, toda una serie de Estados apoyan la doctrina que divide al mundo en el “norte rico" y el “sur pobre”, que de hecho tiende a quitar de los países imperialistas la responsabilidad por la situación de atraso de los países en desarrollo. Partiendo de esta doctrina, las demandas en cuanto a la concesión de recursos financieros también son dirigidas a los países socialistas, que de ninguna manera tienen responsabilidad por la situación creada. En las observaciones formuladas por la delegación soviética a las resoluciones y 133 recomendaciones adoptadas, en particular, por la II Sesión de la UNCTAD, en Nueva Delhi, en 1968, se indicaba: “La URSS no ha explotado ni explota en forma alguna a los países en desarrollo, por lo cual no lleva ni puede llevar responsabilidad moral o material alguna por la grave situación económica de los países en desarrollo. La delegación de la URSS no está de acuerdo, en este sentido, con la concepción de dividir a todos los países en “ricos” y “pobres” o en “el norte rico" y “el sur pobre"  [133•26 .

p También cabe señalar la circunstancia de que la unidad de los países latinoamericanos se ve minada por la supervivencia en algunos de ellos de regímenes abiertamente proimperialistas, testaferros de la política del capital monopolista de EE.UU.

Si cabe hablar en general sobre la utilización de créditos extranjeros y de su papel en el desarrollo de los países de América Latina, aquéllos dependerán en sumo grado de las transformaciones progresistas en la vida económica social, de la ampliación, sobre esta base, de la colaboración con el sistema socialista mundial y de la intensificación de la lucha contra la política explotadora del imperialismo.