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p Tomás Torquemada, considerado como artífice auténtico e ideólogo de la Inquisición española, encabezó el tribunal inquisitorial durante los 18 primeros años de su existencia. Era un fanático que veía el objetivo fundamental de su vida en el exterminio de los marranos, convencido de que eran apóstatas. Su crueldad, perfidia, espíritu de venganza y energía colosal, apoyados por la confianza que tenían en él Isabel y Fernando, lo colocaron en posición de verdadero dictador de España. Infundía pavor no sólo a sus víctimas, sino también a sus partidarios y admiradores, porque en calidad de "inquisidor ideal" pudo sospechar de herejía incluso a un católico de los más ortodoxos, hacerlo declararse culpable y lanzarlo a la hoguera. A juzgar por todos los indicios, Torquemada no tenía simpatía a los hombres, no les confiaba, y en tanto que instrumento de la providencia divina (así es cómo se consideraba a si mismo) les quitaba la vida con la conciencia tranquila. Su modestia y sencillez aparentes eran pura hipocresía, una pantalla destinada a ocultar una ambición sin límites, el ansia de gloria y honores, la aspiración incontenible al poder.

p Para los métodos empleados por Torquemada contra los "cristianos nuevos" es típico el proceso que fabricó en 1491 con motivo del asesinato de un "niño santo" de La Guardia y que sirve desde entonces de modelo para otros espectáculos provocadores de la misma índole, estrenados periódicamente en países y regímenes diversos. En junio de 1490, el “neocristiano” Benito García, apresado y torturado por la Inquisición, declaró que había tramado, junto con otros cinco marranos y seis judíos, un “complot” contra el cristianismo. De sus declaraciones se infería también lo siguiente. Para llevar a feliz término sus criminales designios, los conspiradores habían decidido asesinar a un niño cristiano de la aldea de La Guardia. Después de secuestrar a ese niño, lo sometieron a tortura; luego le sacaron el corazón y uno de los conspiradores trató de preparar de él una bebida mágica susceptible de acabar con la Inquisición y con toda la cristiandad. Los “confabuladores” delatados por García fueron detenidos y reconocieron, bajo tortura, sus “crímenes”. 240 El 16 de noviembre de 1491, todos los “asesinos” (menos tres, que habían sucumbido por el tormento) fueron ejecutados en Avila: los judíos, quemados vivos; los marranos, que se habían reconciliado con la Iglesia, asfixiados antes de la quema, y los tres sucumbidos por tormento, quemados "en efigie"  [240•7 .

p Durante los 18 años que duró su trabajo, Torquemada, según datos de Llórente, "hizo diez mil doscientas veinte víctimas que perecieron en las llamas, seis mil ochocientas que fueron quemadas en efigie, después de su muerte o en su ausencia, y noventa y siete mil trescientas veintiuna castigadas con la pena de la infamia, la confiscación de los bienes y la expulsión de los empleos públicos y honoríficos. El cuadro general de esas bárbaras ejecuciones presenta un total de ciento catorce mil cuatrocientas familias definitivamente perdidas. Esto sin contar a las personas que en virtud de sus relaciones con los condenados compartían más o menos su desgracia, lamentando como amigos o parientes los rigores sufridos por aquéllos"  [240•8 .

p Bien entendido que los apologistas de la Iglesia impugnan los datos de Llórente, considerándolos “exagerados”; dicen que Torquemada no quemó a 10.000 personas, sino a cinco o cuatro mil. Pero Llórente se les aventaja en un aspecto nada desdeñable: fue secretario de la Inquisición española y argumentaba sus escritos con documentos de los archivos inquisitoriales. De todos modos, aunque los datos de Llórente fueran exagerados, ¿acaso cambiaría por ello el carácter criminal de la Inquisición?

p La persecución de los herejes duró hasta comienzos del siglo XIX. Según datos incompletos, tan sólo en cuatro años (de 1721 a 1725) fueron condenados por la Inquisición castellana 902 herejes, de los cuales 165 perecieron en la hoguera  [240•9 . El último acusado de judaismo por la Inquisición fue Manuel Santiago Vivar (Córdoba, 1818).

p Además de organizar la actividad represiva, Torquemada fue el “teórico” de la misma. Bajo su dirección se redactó un código de la Inquisición compuesto de 28 artículos (“instrucciones”). Participaron en ese trabajo los teólogos 241 españoles más prestigiosos de aquel tiempo, así como Isabel y Fernando. En el documento que habían preparado, fechado en 1484, se resumían las directrices de la Santa Sede concernientes a la persecución de los herejes y la experiencia pretérita de los tribunales inquisitoriales de España y otros países.

p Las tesis fundamentales del código de Torquemada se reducían a lo siguiente: la Inquisición es un tribunal secreto, la primera y última instancia para el examen de los casos de herejía. Sus fallos son definitivos y no pueden revisarse. Las personas acusadas de herejía por la Inquisición que no hayan reconocido su culpa deben ser excomulgadas y entregadas a las autoridades seculares para que las envíen a la hoguera. El inculpado de herejía puede evitar la hoguera únicamente si reconoce por entero su culpa, delata a sus fautores, abjura de las concepciones heréticas y se somete sin reservas a la voluntad del “santo” tribunal.

p El código no establecía plazo alguno para la formación de causa. Nada impidió a la Inquisición prolongar por un tiempo ilimitado la detención preventiva de sus víctimas. Algunas permanecieron encarceladas decenas de años hasta el pronunciamiento de la sentencia. El sacerdote José Bunon de Vertis, detenido en 1649, falleció en la cárcel en 1656, sin que se hubiera tomado decisión alguna sobre su suerte. El dominico Gabriel Escobar estuvo encarcelado 15 años (de 1607 a 1622); también él murió antes de que la Inquisición pronunciara la sentencia.

p Las instrucciones nuevas que se introducían de tiempo en tiempo en el código de Torquemada no alteraban su esencia. El código investía a los inquisidores de un poder ilimitado; éstos rendían cuentas de su actividad únicamente al inquisidor general y a la Suprema, que sólo eran responsables ante la corona.

p El código amplió la estructura orgánica de la Inquisición, estipulando la creación (además del Consejo Supremo de la Inquisición encabezado por el inquisidor general) de tribunales locales permanentes (se crearon 17) y sumarísimos (estos últimos podían instituirse en cualquier localidad y para cualquier período).

p Constituían un eslabón importante de la jerarquía inquisitorial los familiares y fiscales, colaboradores laicos de la Inquisición que hicieron de soplones, delatores y provocadores, así como ayudaron a celebrar los autos de fe, 242 en los que se presentaban encapuchados. Los fiscales obtenían una parte determinada de los bienes confiscados a las víctimas de la Inquisición, no estaban sujetos a la jurisdicción de los tribunales seglares y, prácticamente, se hallaban exentos de todo castigo por sus acciones. En su mayoría se reclutaban entre los delincuentes, pero en general, el “estamento” fiscal contaba con representantes de todas las capas de la población, incluyendo algunos escritores conocidos y hombres de Estado. Los familiares eran muy numerosos. Por ejemplo, el tribunal de Toledo tenía 805 familiares; el de Granada, 554; el de Santiago, 1.009; el de Zaragoza, 1.215, y el de Barcelona, 905   [242•10 . Según los datos disponibles, sumaban más de 15.000 en total.

p La Iglesia estimuló por todos los medios, desde el ambón y en el confesonario, la denuncia, parte integrante del procedimiento judicial de la Inquisición. Los clérigos inculcaron tesoneramente a los creyentes que la denuncia era una obra pía, una especie de pase para entrar en el reino de los cielos. Se consideraba sobre todo plausible delatar a parientes y amigos, a los amos, por sus criados, y a los jefes por sus subalternos. La Inquisición guardaba en secreto los nombres de los soplones y recompensaba generosamente sus servicios con los recursos confiscados a los herejes.

p Los inquisidores no tenían escrúpulos en reclutar delatores entre los judíos. Así, en 1485 ordenaron a los rabinos de Sevilla anatematizar en la sinagoga a los judíos que conocieran a marranos judaizantes y no los revelasen al tribunal inquisitorial.

p La prédica eclesiástica, que convertía la denuncia en virtud cristiana, y el miedo a la Inquisición, engendraron multitud de delatores, cuyas revelaciones y deposiciones nunca dejaron permanecer de brazos cruzados al “santo” tribunal. He aquí algunos ejemplos.

p Un delator comunicó, en 1530, a la Inquisición de las Islas Canarias que una cierta Aldonsa de Vargas, residente en las mismas, había "sonreído enigmáticamente" al oír el nombre de la Virgen María “inmaculada”, pronunciado en su presencia. Según el informante, esa "sonrisa enigmática" evidenciaba la actitud ofensiva de Aldonsa hacia Nuestra Señora.

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p Gonzáles Ruiz fue a parar a la Inquisición por denuncia de su compañero de juego de cartas que había perdido. Le acusaba de haber dicho, mientras jugaban: "No podrás ganar este juego aunque te ayude el propio Dios”.

p En 1581, dos feligreses se denunciaron a sí mismos, reconociendo haber dicho a sus esposas que "el coito no es un pecado" (herejía monda y lironda, según las concepciones de entonces). Los maridos se autoacusaron por temor a que sus mujeres fueran a delatarlos al tribunal.

p En 1635 se denunció en Barcelona a un tal Pedro Jinesta, sospechoso de herejía por la razón de que el delator lo había visto comer "jamón con cebolla" un día de ayuno. En el mismo año fue detenido un tal Alonso, de Jaén, porque, según el informe de un delator, había "meado sobre la pared de una iglesia”; cabía suponer, pues, que se trataba del deseo consciente de un hereje de profanar un templo católico.

p Los eclesiásticos y sus apologistas han gastado montones de papel para justificar o, por menos, velar el empleo de la tortura por los inquisidores. ¿Empleaba la Inquisición las torturas? Sí -reconocen muy de mal grado los clérigos-, pero en raras ocasiones, con misericordia, en proporciones moderadas y en presencia de un médico, para ¡guárdenos Dios!—no estropear un solo huesillo del hereje, no verter su sangre preciosa, ya que la efusión de sangre espanta e indigna a la Iglesia. Por cierto que se recurría al tormento—admiten los alabadores de la Inquisición—, pero esto era habitual en aquella época; ergo, ¿qué tienen que ver con esto la Iglesia y el “santo” tribunal? ¡La culpable es la época! Las torturas se practicaron, en efecto, pero sólo se consideraban válidas las deposiciones confirmadas por el acusado después de la tortura.

p Resulta, pues, que la Inquisición aplicó el tormento de una manera noble, justa, moderada y humana; de ningún modo fue tan sanguinaria y feroz como la describen los “difamadores” anticlericales, los ilustradores de todo género y otros.

p Pero, ¡ay!, miles de documentos, actas de los interrogatorios, denuncian a los inquisidores como verdugos sádicos inexorables, que atormentaron sistemáticamente a sus víctimas de ambos sexos y de cualquier edad, ya que encontramos entre los torturados tanto a niños pequeños como a ancianas nonagenarias.

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p Los inquisidores y sus colegas del tribunal se sustentaron a cuenta de los penitenciados. Su salario provenía del fondo de los bienes confiscados a los herejes, que se dividía en tres partes: la primera ingresaba directamente al erario del rey, otra se destinaba a la Iglesia y la tercera era apropiada por la Inquisición.

p Según los datos disponibles, el saqueo de los " cristianos nuevos" reportó a Fernando e Isabel una suma fabulosa para aquellos tiempos: 10.000.000 de ducados de oro (un equivalente de 60.000.000 de dólares actuales)  [244•11 .

p En 1629, el inquisidor general percibió 3.870 ducados, y cada miembro de la Suprema, la mitad de esta suma. En 1743 cobró 7.000 ducados, y a los 40 miembros de la Suprema les correspondieron 64.100.

p En 1636, la Inquisición acusó de herejía al banquero Manuel Fernández Pinto. El rey le debía 100.000 ducados. La Inquisición arrancó al banquero detenido 300.000 más  [244•12 .

p La oleada de detenciones de herejes mallorqueses acusados de conspiración en 1678 permitió a la Inquisición adueñarse de sus bienes por -un monto de 2.500.000 ducados  [244•13 .

p Esos datos sueltos, evidencian cuan ventajosa era la persecución de los herejes, tanto para los “santos” tribunales como para el erario real.

p Los adeptos de la Inquisición, para justificar en cierto modo sus crímenes afirman que todas las capas de la población española apoyaron unánimemente la actividad de los tribunales inquisitoriales.

p Las manifestaciones de testigos oculares refutan esa leyenda. La Inquisición fue impuesta al pueblo español.

p En la Historia General de España, escrita por el jesuíta Juan de Mariana (1536-1624), se señala que al principio, la Inquisición les parecía deprimente en extremo a los españoles. Les extrañaba sobre todo el que los niños cargasen con la responsabilidad de los crímenes perpetrados por sus padres, y se ocultasen a los acusados los nombres de los acusadores y de los testigos; todo ello contradecía el procedimiento empleado de antiguo por los tribunales. Otra cosa al parecer nueva era la imposición de la pena de muerte por pecados que no comprendían. Y más grave aún era el haberse privado a 245 los españoles, a causa de las pesquisas secretas, de la posibilidad de oír y hablar libremente, ya que en cada ciudad, pueblo o aldea había soplones que informaban a la Inquisición de todo. Algunos consideraban esa situación como la esclavitud más abominable y la equiparaban con la muerte  [245•14 .

p Entre los mismos inquisidores hubo quienes se oponían a los métodos terroristas de persecución de los disidentes. Véase, por ejemplo, el siguiente fragmento de una obra dedicada al Príncipe de Asturias (futuro emperador Carlos V), fechada en 1516 (aproximadamente), en el que un inquisidor anónimo confesaba al rey: "Algunos hay entre nosotros que lo sentimos y lloramos en nuestras cámaras, y no lo osamos decir, porque al que lo dijese le quitarían el cargo, y le tendrían por sospechoso en los negocios de la Inquisición; y los que lo sienten y son de buena conciencia, si tienen de comer, dejan el cargo, y otros se están en el oficio porque no pueden más, aunque tienen escrúpulos de hacer el oficio como ahora se hace; otros dicen que no se les da nada que así lo han hecho los antepasados, aunque sea contra derecho divino y humano; otros hay que tienen tanta enemistad a los conversos, que piensan que harían un gran servicio a Dios si los quemasen a todos y les confiscasen los bienes sin más prueba; y los que tienen esta opinión, no tienen otra intención sino hacerles confesar la acusación por todas las maneras que puedan...”  [245•15 

p También se opusieron al establecimiento de la Inquisición algunos proceres de la Iglesia, entre ellos el obispo Pedro de Aranda, presidente del Consejo real de Castilla, y Davila, obispo de Segovia. Se les hizo llegar a Roma, donde cayeron en desgracia y murieron.

p El terror desencadenado contra los "cristianos nuevos" no pudo dejar de provocar la correspondiente reacción de los mismos. En 1485 fue asesinado en Zaragoza Pedro Arbués, primer inquisidor de Aragón, al que la Iglesia elevó posteriormente al rango de beato. La Inquisición respondió a ese acto con una nueva oleada de represiones, ejecutando a casi 200 personas acusadas de una conspiración contra el rey y la Iglesia. Para castigar a los cabecillas de la " 246 conspiración" se celebraron autos de fe: se les cortaron los brazos y fueron quemados después. Otras tentativas de ajustar las cuentas a los verdugos de los tribunales inquisitoriales tuvieron por resultado, igualmente, la exacerbación de su actividad represiva.

p La resistencia de la sociedad española a la Inquisición se reflejaba también en que sus partidarios teólogos tuvieron que escribir no pocos tratados para defenderla. Es muy instructiva en este aspecto la obra del teólogo Alfonso de Castro (hacia 1495-1558) titulada De justa haereticorum punitione, que se editó varias veces en España. Su autor “ demostraba”, al polemizar con los adversarios de la Inquisición, el derecho de la Iglesia a perseguir y castigar a los herejes. Discurrió así: sólo los herejes pueden dudar de que la extirpación de la herejía sea una causa justa e indispensable. El hereje ofende a Dios, y esto es un crimen más grave que el robo o el asesinato. Si se castiga severamente a los ladrones y asesinos, los herejes merecen un castigo aún más severo.

p Los adversarios de la Inquisición sostenían que las persecuciones inquisitoriales engendraban a "cristianos falsos”, contribuyendo a la propagación de la hipocresía y la doblez entre los creyentes, a lo que Castro replicaba así: "Hereje oculto es mejor que hereje manifiesto, porque éste desafia a los creyentes”. Los adversarios de la Inquisición decían: "Los creyentes por fuerza no son gratos a Dios, ya que esa creencia no tiene valor”. Castro objetaba: "Un hereje bautizado tiene el deber de cumplir lo que ha prometido”. Los adversarios de la Inquisición insistían: "Hay que convertir a los herejes por medio de las persuasiones y no de los castigos”. Castro tenía una opinión distinta sobre este particular: "La persuasión es necesaria, pero, como dijo San Isidoro, el que no puede curarse con cariño, con dolor se cura. Cuando ataca un lobo, el pastor trata de intimidarlo con alaridos, y si esto no surte efecto, se defenderá por cualquier medio violento”.

p Los críticos de la Inquisición señalaban que "pedir apoyo al brazo secular para castigar a los herejes contradice la moral evangélica”. Castro les respondía: "La Sagrada Escritura lo permite, de manera indirecta, porque los herejes son los violadores más peligrosos del orden social. Los soberanos de religión cristiana apoyan la Iglesia. Al 247 contrario, un Estado enemigo de la Iglesia la priva de su apoyo”.

Esos raciocinios de Castro son repetidos hoy por el ya mencionado teólogo español N. López Martínez y otros partidarios de la Inquisición.