p En el siglo XVIII, la actividad de la Inquisición española estuvo enfilada principalmente contra las “ innovaciones”, en primer lugar contra los partidarios de los ilustradores franceses, de la filosofía materialista inglesa y la revolución francesa. La Suprema prohibió y confiscó las obras de los enciclopedistas y otros autores similares, que "socavaban los pilares”. Como hacía constar Jovellanos, partidario del absolutismo ilustrado en 254 España, "el Santo Oficio... prohibe imperturbablemente cuanto hay de nuevo, cuanto se alza contra el pasado y habla de emancipación y libertad"   [254•23 . Pero los partidarios del absolutismo ilustrado que gobernaron España en tiempos de Carlos III (1759-1788) no fueron tan lejos como para liquidar la Inquisición, limitándose a la prohibición de la orden jesuíta. Su propósito no era echar el “santo” tribunal al mulador de la historia, sino “reformarlo” y “ modernizarlo”, quitarle sus funciones punitivas. El mismo Carlos III dijo: "Los españoles desean la Inquisición, y a mí no me preocupa”. El Santo Oficio continuó actuando, si bien el "suplicio de quemadero" no se practicó tan frecuentemente como en tiempos pretéritos. Sin embargo, el “santo” tribunal aún representaba una fuerza temible.

p La Suprema acogió de uñas la revolución francesa de 1789. En diciembre del mismo año prohibió por edicto especial la importación de escritos inspirados en sus ideas y denunció a los revolucionarios franceses, diciendo que "bajo el atractivo disfraz de defensores de la libertad actúan de hecho contra ella, destruyendo el orden político y social y, por consiguiente, la jerarquía de la religión cristiana... pretendiendo construir sobre las ruinas de la religión y de la monarquía esa libertad quimérica, considerada erróneamente por ellos como proveniente de la naturaleza que, como dicen con descaro, ha hecho a todos los individuos iguales e independientes unos de otros"   [254•24 .

p En 1795 la Inquisición reprobó el Informe sobre la ley agraria de Jovellanos, arguyendo que exigir la supresión de los mayorazgos era lo mismo que predicar "las ideas de la igualdad en lo tocante a la propiedad de los bienes y de la tierra”.

p Todo ello no impidió a la Suprema, cuando habían intervenido en España las tropas francesas, manifestarse sin vacilar en apoyo de los invasores extranjeros, pues esperaba que de este modo podría mantenerse en la superficie. Condenó la insurrección antifrancesa del 2 de mayo de 1808 en Madrid como "alboroto escandaloso del bajo pueblo”, afirmando que la malevolencia y la ignorancia habían descarriado a "los incautos y sencillos para 255 empeñarles en el desorden revolucionario so color de patriotismo y amor al soberano"   [255•25 .

p Pero puesto que los franceses actuaban bajo banderas liberales y transformadoras, no les convenía ser apoyados por la Suprema, odiosa al pueblo. El 4 de diciembre de 1808, poco después de la toma de Madrid por las tropas francesas, Napoleón I decretó la abolición del “santo” tribunal, como una institución que "atentaba a la soberanía y a la autoridad civil”. El mismo decreto ordenaba confiscar los bienes de la Inquisición "en favor del Estado español"  [255•26 .

p El 22 de febrero de 1813, las Cortes de Cádiz prohibieron a su vez, por 90 votos contra 60, la actividad de la Inquisición (pero dejaron intactas sus funciones, transmitiéndolas a los obispos). El 15 de marzo, el nuncio apostólico cerca de la Regencia manifestó su protesta con motivo de esa resolución, diciendo que infringía los derechos de la Santa Sede, la única instancia facultada para decidir la suerte de la Inquisición. El clero español impugnó a su vez la abolición de la Suprema y se negó a promulgarla desde el ambón. En consecuencia, las Cortes disolvieron la Regencia y obligaron al nuncio apostólico a irse de España a Portugal.

p Pero la monarquía española no quería abandonar la obra de Torquemada, tan cara a su corazón. Después de regresar a España, Fernando VII se apresuró a resucitar la Suprema. De todos los reyes cristianos -dijo ese soberano en el decreto que restablecía la Inquisición, publicado en 1814-, sólo los monarcas españoles llevan el glorioso título de "reyes católicos”, porque nunca han admitido en su Estado otra religión que no sea la católica, apostólica, romana. Según Fernando, este magno título era para ellos un estímulo particular que les incitaba a emplear todos los medios para llevar merecidamente el título de rey católico. En el decreto se afirmaba que los disturbios recientes, la guerra de seis años, que había agotado las provincias, la permanencia igualmente prolongada en las mismas de soldados extranjeros pertenecientes a sectas diferentes y hostiles casi todos a la religión 256 católica, el desorden como resultado inevitable de semejantes desgracias y la indiferencia manifestada durante todo ese tiempo ante la religión habían contribuido fuertemente al desencadenamiento de las pasiones, ofreciendo a las "gentes ruines" la posibilidad de vivir a su antojo y determinando la aparición en España de criterios perversos y aborrecibles difundidos en otros Estados... En tales circunstancias, el rey decidió restablecer el “santo” tribunal y hacer posible que actuase con las mismas atribuciones que antes. Según el decreto, esa decisión contaba con el apoyo de prelados doctos y virtuosos, de corporaciones y de particulares investidos de altas dignidades en el mundo eclesiástico y seglar; todos ellos declaraban que España debía al tribunal inquisitorial el no haber sido contagiada, en el siglo XVI, del mal que tantas desgracias había causado a otros Estados europeos. En opinión de las personas mencionadas, España debía también a la Inquisición la gloriosa pléyade de grandes escritores y científicos, el brillo que ilumina el camino de la santidad y de la virtud. El rey prosiguió así: todos coinciden en que el medio principal empleado por el opresor de Europa para sembrar las semillas de venalidad, depravación y desorden fue la prohibición de ese tribunal, con el falso pretexto de que el progreso y la cultura eran incompatibles con la continuación de su actividad. Las llamadas Cortes ordinarias y extraordinarias se guiaron por los mismos motivos que inspiraban al opresor forastero, cuando suprimieron ese tribunal, recurriendo a una votación desordenada de la Constitución, para amargura extrema del pueblo. Tal es la razón de que muchos pidan insistente y continuamente restablecer con la mayor urgencia la Inquisición...  [256•27 .

p Fernando instituyó una orden especial para inquisidores. El 14 de abril de 1815, estando de visita en el “santo” tribunal, asistió a una reunión suya, firmó sentencias de la Inquisición, recorrió su cárcel y se dignó comer en compañía de inquisidores  [256•28 .

p En 1820 estalló en España una revolución burguesa, que restableció la Constitución de 1812. El pueblo 257 indignado asaltó los tribunales inquisitoriales en todo el país, destruyendo y quemando sus locales. El 9 de marzo, Fernando, preso de pánico, suprimió la Inquisición. En su decreto sobre éste afirmaba lo diametralmente opuesto a cuanto había proclamado en 1814. Tomando en consideración —decía—que el tribunal de la Inquisición es incompatible con la Constitución de la monarquía, redactada en 1812 en Cádiz, y por esta razón fue suprimido después de un examen prolongado y omnímodo en las Cortes ordinarias y extraordinarias, conforme al decreto del 22 de febrero de 1813, y tomando en consideración también la disposición del Gobierno, el susodicho tribunal se considera suprimido a partir del día de hoy, en toda la extensión de la monarquía, y junto con él debe desaparecer también la Suprema: se deberá poner en libertad inmediatamente a todos los recluidos en las cárceles de la Inquisición por acusación de delitos políticos y religiosos; todos los asuntos concernientes a la religión pasarán a la competencia de los obispos de las diócesis correspondientes, que los examinarán y resolverán de conformidad con el decreto de las Cortes extraordinarias  [257•29 .

p Después de recobrar, tres años después, sus derechos antiguos con la ayuda de las bayonetas francesas, ese monarca mendaz resucitó de nuevo la Inquisición bajo el título de juntas de la fe, encabezadas por obispos.

p Las juntas de la fe cumplieron muy enérgicamente sus deberes inquisitoriales en el espíritu de las “gloriosas” tradiciones de Torquemada. Pesaban en su conciencia los dos últimos autos de fe que se celebraron en España ( ambos en 1826). El 7 de marzo, por fallo del tribunal real, Antonio Caro, masón excomulgado, fue ahorcado públicamente, y descuartizado después, en Murcia. El 26 de julio pereció en el patíbulo el maestro de escuela Cayetano Ripoll, la última víctima de la Inquisición. Ripoll había participado en la guerra de liberación del pueblo español contra Napoleón. Cayó prisionero entonces y pasó varios años en una cárcel francesa. Después de la caída de Napoleón regresó a la patria y abrió una escuela primaria en una pequeña localidad cerca de Valencia. El “santo” tribunal detuvo al repatriado, acusándole de prohibir a sus 258 alumnos frecuentar la iglesia, rezar, comulgar y confesar. Ripoll declaró en los interrogatorios que creía en Dios, pero no se consideraba católico y negaba a la Inquisición el derecho de juzgarle. Los inquisidores se esforzaron durante dos años por conseguir que abjurara y "se reconciliara" con la Iglesia. Pero el maestro de escuela defendió gallardamente sus puntos de vista. El Santo Oficio lo declaró hereje, lo “separó” de la Iglesia y entregó su asunto al "brazo secular”, es decir, al tribunal real, que condenó a Ripoll, como "hereje impenitente y maleante" a la confiscación de los bienes, la muerte en la horca y la quema simbólica. El último castigo consistió en que después de la ejecución, el cadáver fue metido en una tina cubierta de lenguas de fuego dibujadas, y sepultado así en la tierra "no santificada”.

p El auto de fe y la ejecución de Cayentano Ripoll se verificaron en una plaza de Valencia. Los monjes que acompañaban al condenado en el camino del patíbulo trataron de arrancarle la abjuración prometiendo la conmutación de la pena capital, pero Ripoll prefirió la muerte en la horca a una transacción con su conciencia  [258•30 .

p Ese crimen postrero de la Inquisición española provocó una gran indignación en todo el mundo civilizado. Fernando VII se vio constreñido a disolver las juntas de la fe, pero la Inquisición siguió existiendo formalmente. Fue suprimida definitivamente en España sólo después de la muerte de Fernando, el 15 de julio de 1834.

p Así tocó a su fin la Inquisición española, cuya mano criminal se extendía a la propia España y a sus posesiones: Países Bajos, Sicilia, Ñapóles, Milán y las Filipinas. Actuó también durante tres siglos en Hispanoamérica, pero de ello hablaremos en el capítulo siguiente.

p ¿Cuántas víctimas hizo la Suprema? El primero que trató de calcularlas fue Juan Antonio Llórente. He aquí los resultados de sus cálculos: quemados en persona, 31.912; quemados en efigie, 17.659; penitenciados con otras penas, 291.450. Total: 341.021  [258•31 .

p Los eclesiásticos y sus adeptos vilipendiaron de todas las 259 maneras a Llórente, diciendo que esas cifras estaban exageradas y no las confirmaba nada. En efecto, no encontramos en Llórente la distribución por años ni la enumeración completa de las fuentes utilizadas. Pero esto es natural, habida cuenta de que concluyó su obra en Paris, adonde había emigrado, y no tenía a mano la documentación necesaria. Es sintomático, empero, que ninguno de los adversarios de Llórente se atreviera a hacer su propio cálculo para oponerlo al trágico balance presentado por el autor de una historia crítica de la Inquisición española. Según parece, renunciaron a esa tarea no porque les faltaran las ganas de refutar a Llórente, sino porque cualquier cómputo serio resultaría desfavorable para ellos.

p Se conocen otros dos cálculos que poco difieren de los datos de Llórente. El historiador español Joaquín del Castillo y Mayone, en su trabajo El Tribunal de la Inquisición, editado en 1835 en Barcelona, daba el número de victimas hechas por cada inquisidor general (los hubo 41 en total), desde Torquemada hasta Jerónimo Castellón y Salas (1818). Su balance es así: quemados en persona, 36.212; quemados en efigie, 19.790; penitenciados con otras penas, 289.624. Total: 345.626  [259•32 .

p Precisando estas cifras cuarenta años después, José Amador de los Ríos obtuvo el cuadro siguiente: quemados en persona, 28.540; quemados en efigie, 16.520; penitenciados con otras penas, 303.840. Tonal: 348.900  [259•33 .

p Conviene señalar que tanto Castillo y Mayone como Amador de los Ríos apoyaron sus tablas con las referencias a muchas fuentes de archivo, y como quiera que sus datos casi no divergen de los de Llórente, se impone la conclusión de que estos últimos estaban bien funadmentados.

Los investigadores contemporáneos se abstienen de hacer cálculos de este género  [259•34 . Ya que, por completos que fuesen, no podrían reflejar todo el mal ocasionado por 260 la Inquisición, durante tres siglos y medio de su cruenta actividad, a la población de España. Además, ¿cómo es posible expresar en cifras los sufrimientos de centenares de miles de personas asesinadas o difamadas por la Suprema, o de los judíos y moros expulsados de España, o de sus descendientes privados de derechos por no tener el salvador certificado de pureza de sangre?